El procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió este Jueves condenar a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.
Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex vicepresidenta. Para ello reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito.
En su escrito, Casal recordó que la asociación ilícita es un delito autónomo, de peligro abstracto, y que se configura con la sola existencia de una organización destinada a cometer delitos múltiples, sin necesidad de que se ejecuten todos. Apuntó además que la figura del “delito continuado” —utilizada por los jueces para descartar la pluralidad de planes exigida por el artículo 210 del Código Penal— fue mal aplicada en este caso.
“No hay ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, argumentó.
Casal también enfatizó que las irregularidades ocurrieron a lo largo de tres gobiernos distintos, lo que, a su criterio, desmiente la idea de un único plan y demuestra la existencia de varios, tal como exige la figura penal cuestionada. “La organización contempla planes múltiples”, escribió.
Con este pronunciamiento, la Corte Suprema debe decidir si admite el recurso y analiza el fondo del planteo de Villar o si aplica el criterio habitual en casos con “doble conforme” —sentencia del tribunal oral y confirmación de la Cámara— y lo rechaza sin tratamiento, como ocurrió en la causa Ciccone, que terminó con la condena firme de Amado Boudou.
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.
Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.