Por medio de un decreto de necesidad y urgencia, Fernández dispuso la intervención del grupo Vicentin. Además, confirmó el envío al Congreso de una ley para la expropiación. El presidente presentó estas medidas como «un rescate» de la empresa.
Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, enfatizó la idea del rescate debido al «rol central que la empresa tiene en el mercado agropecuario». Y agregó que la expropiación para garantizar la continuidad de la compañía se realiza en favor de los acreedores y productores que dependen de Vicentin.
El interventor designado por el Presidente es Gabriel Delgado, a quien calificó como «un experto en temas agropecuarios».
Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.
La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un «pedido» de convertir a Vicentin en «empresa pública» realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo. También puede verse como un coletazo del llamado «plan Vallejos», proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.
