Milei avanza con su plan y solo tres empresas estatales recibieron apoyo financiero en Enero

Milei avanza con su plan. El plan de privatizaciones liderado por Javier Milei avanza, evidenciándose que solo tres empresas públicas fueron beneficiarias de fondos estatales en Enero, según los datos analizados por TN en Presupuesto Abierto. La intención del Gobierno es reducir la asistencia estatal a las compañías estatales, que alcanzó los 5.000 millones de dólares en 2023.

Desde que Milei asumió la presidencia, ha insistido en la necesidad de desvincular al Estado de algunas empresas públicas que mensualmente requieren una considerable asistencia para cubrir sus gastos operativos.

El capítulo de privatizaciones en la Ley Ómnibus ha sido motivo de intensos debates, resultando en modificaciones, donde, a pesar de la oposición, se logró reducir de 40 a 27 las empresas inicialmente propuestas para privatización. Las restantes 13 podrían pasar a manos privadas de manera parcial.

La Casa Rosada se plantea reducir significativamente las transferencias estatales a estas empresas en 2024, con el objetivo de disminuir los 5.000 millones de dólares destinados en 2023. Según Presupuesto Abierto, solo tres compañías estatales recibieron fondos para gastos corrientes en lo que va del año.

Operador Ferroviario S.E (Trenes Argentinos) recibió $36.370 millones (11,16% del presupuesto) para subsidiar el transporte. Belgrano Cargas y Logística, que nuclea las tres líneas de transporte de cargas más importantes del país, recibió $3.932 millones (11,67%). La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) obtuvo $590 millones (10% del presupuesto) para la producción y mantenimiento de aeronaves.

Notablemente, empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, AYSA, Casa de la Moneda o Telám, por mencionar algunas, no han recibido fondos del Estado hasta el momento, ni para gastos corrientes ni para inversiones destinadas a mejorar su capacidad productiva.

En el anexo de privatizaciones, el Gobierno dejó sujetas a privatización a las siguientes empresas

Administración General de Puertos S.E
Aerolíneas Argentinas S.A
Aguas y Saneamiento Argentinos S.A
Contenidos Públicos SE
Corredores Viales SA
Correo Oficial de la República Argentina SA
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina SE
Educr S.E
Empresas Argentina de Navegación Aérea SE
Energía Argentina SA
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA
Ferrocarriles Argentinos SE
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA
Intercargo S.A.U
Nación Bursátil S.A Pellegrini S.A
Nación Reaseguro S.A
Nación Seguros de Retiro SA
Nación Servicios S.A
Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA
Polo Tecnológico Constituyente SA
Radio y Televisión Argentina SE
Talleres Navales Dársena Norte SACI y N.
Telam S.E
Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SAPEM
Belgrano Cargas y Logísticas SA
Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E
Operadora Ferroviaria S.E
Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado


Empresas públicas sujetas a privatización parcial

Banco de la Nación Argentina
Nucleoeléctrica Argentina SA
Empresas Argentina de Soluciones Satelitales SA.
Bancos de Inversión y Comercio Exterior S.A
Casa de Moneda S.A
Fabricaciones Militares SE
Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA
Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA
Vehículo Espacial Nueva Generación SA
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
Dioxitek SA

La discusión no solo gira en torno a las empresas que conforman este listado sino que la UCR y Hacemos Coalición Federal buscar tener un mayor control sobre el eventual proceso de privatización de cada compañía.

Ante la presión de estos bloques, la última oferta del Gobierno establecía que antes de llevar adelante algún proceso de privatización, la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación “deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos”.

El documento llegará a la Comisión Bicameral para su análisis. Allí se podrán hacer recomendaciones, requerir más información y formular observaciones.

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