Este Lunes el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz denunció una “campaña de desprestigio” en su contra a través de acusaciones “infundadas”, en medio de la críticas de sectores del Frente de Todos y el pedido de juicio político. “Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”, escribió Rosenkrantz.
El titular del máximo tribunal rompió el silencio tras un fin de semana de discusión entre oficialismo y la oposición a partir del pedido de juicio político que presentó la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley por supuesto “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Rosenkrantz rechazó, en una movida inusual, las acusaciones de Siley “son completamente infundadas porque no he incumplido deber funcional alguno” y agregó “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, comienza el escrito del titular del máximo Tribunal.
Como ejemplo señala que le imputaron “71 cuentas en el exterior”, a su nombre, para «cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales”; así como “el delito de prevaricato por haber firmado el fallo ‘Muiña’” y otra por ser “partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell”. En todos los casos aseguró que son “falsas” y “completamente infundadas” y en las dos últimas acusaciones recordó que “fueron desestimadas por el juez Rafecas”.
El presidente de la Corte Suprema hace referencia en su escrito a la denuncia que la diputada Siley realizó el 25 de Septiembre, en la que lo acusa, entre otras cosas, de haber incurrido en mal desempeño por sus votos a favor de otorgar en 2017 el beneficio del 2×1 a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad. Al respecto, el magistrado considera “curioso” que se lo acuse recién ahora por una sentencia que fue dictada hace 3 años y que “también firmaron otros dos jueces”. “También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles», agregó.
“Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país», detalló Rosenkrantz.
La diputada también lo acusa de haber frenado las reuniones de la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad desde el inicio de su gestión como presidente de la Corte Suprema, pero consideró que también esta “acusación es infundada”.
“Fui electo titular del cuerpo en Septiembre de 2018. Como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde Diciembre de 2018 por el dictado de la Acordada 44/2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros”, aclaró Rosenkrantz al respecto y remarcó que este año, “tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos, la Corte, por decisión de sus Ministros, reimpulsó este espacio” y que convocó a una reunión para este Jueves. (TN)
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