Transformación en El Salvador: Así opera la controvertida estrategia de Bukele contra la delincuencia

Transformación en El Salvador. De ser el país más violento del mundo a convertirse en uno de los más seguros de la región, surgen acusaciones de violaciones a los derechos humanos detrás de la medida excepcional que ha estado en vigor durante más de un año.

Las calles de El Salvador no lucen iguales a como estaban hace cuatro años, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de esta pequeña nación centroamericana. La delincuencia ha disminuido significativamente, al igual que los crímenes violentos y las paredes marcadas por las balas de pandilleros en enfrentamientos mortales con sus rivales.

La denominada «batalla contra las maras» ha puesto fin a décadas ensangrentadas en las que los salvadoreños no podían transitar libremente por ciertos barrios sin exponerse al peligro de robos, agresiones o incluso homicidios. Esto ocurría en ciudades del interior, en las afueras de la capital e incluso en el casco histórico.

Todo comenzó a cambiar con la mano firme del gobierno salvadoreño y se aceleró cuando, el 27 de Marzo de 2022, el presidente Bukele decretó un estado de emergencia que otorga un mayor poder a las fuerzas de seguridad, agiliza los procesos judiciales y recorta abiertamente los derechos de los detenidos.

Este estado excepcional ha permitido la detención de más de 72,300 personas, según cifras oficiales, pero también ha suscitado múltiples riesgos relacionados con los procedimientos legales adecuados, las condiciones de detención y la persecución contra los medios de comunicación y la oposición política, según denuncian diversos sectores contrarios al gobierno de Bukele.

Un país caracterizado por la violencia y las pandillas El Salvador ha estado históricamente marcado por la violencia y el conflicto. Fue escenario de una feroz guerra civil desde 1979 hasta 1992, que dejó un Estado corrupto y vulnerable a las pandillas que, en aquel entonces, habían emigrado a Estados Unidos y luego fueron deportadas a su país.

Muchos de estos delincuentes habían buscado refugio en suelo estadounidense, específicamente en Los Ángeles, durante la guerra civil salvadoreña. Allí se unieron y formaron los grupos que posteriormente se establecerían en diversas partes de El Salvador y desatarían la temible guerra entre las pandillas.

Al igual que los cárteles mexicanos o colombianos, en El Salvador existían dos grandes pandillas que luchaban encarnizadamente por el control territorial: la mara Salvatrucha y el Barrio 18. A pesar de la presencia de varios grupos más pequeños, estos dos abarcaban la mayoría. Cada barrio, calle y edificio estaba delimitado, y un miembro de una pandilla no podía adentrarse en territorio enemigo sin arriesgar su vida.

«He sido testigo de muertes en la acera; podían matarte por sospechar que tenías un tatuaje o simplemente porque llevabas zapatillas que no les agradaban», relata Diego García, un joven intérprete, durante un recorrido con TN por las calles de San Salvador, la capital. Su testimonio no es único; es fácil encontrar a otras personas que han vivido experiencias similares.

Para ponerlo en perspectiva, en 2015 El Salvador alcanzó la tasa de homicidios más alta del mundo, con un triste récord de 106.8 crímenes por cada 100,000 habitantes. «No podíamos salir a la calle; los comerciantes tenían que pagar a las pandillas por protección y era imposible vivir así», relata Zaid, un comerciante de una feria en el centro de la capital.

La llegada de Bukele y el controvertido estado de emergencia En este contexto, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en 2019 con el 53% de los votos y la promesa de cambio. Rápidamente, el «líder más carismático del mundo», como se autodenominaba en las redes sociales para responder a quienes lo tildaban de autoritario, inició una purga en las fuerzas de seguridad y una implacable persecución de las pandillas.

A lo largo de estos años, su estrategia ha generado múltiples denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos opositores, pero también ha recibido respaldo a medida que las estadísticas publicadas por el gobierno mostraban un marcado contraste con los años más sangrientos en la historia de El Salvador.

El 27 de Marzo de 2022, después de una jornada violenta con al menos 40 homicidios, Bukele decretó un estado de excepción que aún se mantiene vigente hoy. «Lo que estamos haciendo es responder al clamor del pueblo; en muchos países, los derechos humanos se han centrado demasiado en los delincuentes, y nosotros los hemos movido hacia la sociedad», afirmó en una entrevista exclusiva con TN el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

Según el propio ministro, El Salvador proyecta una tasa de homicidios de 1.8 por cada 100,000 habitantes para este año, en comparación con los 106.8 registrados en 2015. «Cuando lanzamos la guerra contra las maras, teníamos 76,800 objetivos; hasta ahora hemos detenido a 72,300, y no pararemos hasta detener al último», declaró en su despacho uno de los principales funcionarios de Bukele.

Esta gran cantidad de detenciones ha llevado a El Salvador a tener la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, según un estudio realizado por la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). El número de reclusos pasó de casi 30,000 en Marzo de 2022 a más de 96,000 en Marzo de 2023

Las exhibiciones cinematográficas se han repetido en el último período con el propósito de exhibir al mundo los efectos positivos de esta política de mano dura implementada por Bukele. Sin vacilaciones y sin miedo a las críticas, el gobierno salvadoreño reitera que el estado de emergencia, que limita en gran medida los derechos y garantías individuales, «será renovado mientras sea necesario», tal como declaró el ministro Villatoro en TN.

Un estado de excepción también caracterizado por las acusaciones Los progresos en materia de seguridad son evidentes y esto se refleja en la actitud de la población en las calles. Prácticamente nadie se opone a la política establecida por Bukele, que cuenta con un respaldo de la sociedad de más del 90%, lo que lo convierte en un claro favorito para las elecciones presidenciales del próximo año, a pesar de que la oposición afirma que el presidente no puede presentarse nuevamente debido a lo que establece la constitución.

La cuestión de la reelección es solo una de las acusaciones que se hacen contra Bukele y por la que muchos lo han etiquetado como un presidente autoritario. «Aunque internacionalmente se promociona como el país más seguro del mundo, el estado de emergencia oculta un grave retroceso en los derechos humanos, con detenciones arbitrarias y procesos judiciales viciados», advierte Mario Beltrán Mejía, director de la revista GatoEncerrado, uno de los medios señalados por el gobierno.

Aunque se percibe una sensación de seguridad en las calles, hay quienes se atreven a criticar ligeramente esta posición de Bukele: «Es arriesgado hablar más de él», argumentan. ¿Por qué? Muchos temen ser arrestados bajo el pretexto de la lucha contra las pandillas, pero con la verdadera intención de silenciar a la oposición y a los grupos que denuncian violaciones de los derechos humanos en las prisiones salvadoreñas.

Este es el caso de Cristosal, una ONG que ha recibido miles de denuncias y solicitudes de ayuda de personas cuyos familiares han sido detenidos. «Hemos registrado al menos 3.000 denuncias por detenciones arbitrarias», detalla Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización, para este artículo.

Por otro lado, la ONG WOLA afirmó que más del 90% de los reclusos están detenidos durante períodos prolongados sin una sentencia definitiva bajo detención preventiva. Uno de los cambios introducidos por el estado de emergencia es la detención de un mínimo de 15 días en lugar de 72 horas. «Es una medida para combatir el terrorismo», argumenta el ministro Villatoro, pero las acusaciones sugieren que este período se extiende.

No es la única sospecha en torno a Bukele. Datos recopilados por la organización Socorro Jurídico Humanitario indican que una persona muere cada cuatro días en las cárceles salvadoreñas. Estadísticas que son rechazadas por el gobierno y que estas agrupaciones basan en testimonios de familiares.

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