El pasado viernes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, oficializó la aprobación de varias iniciativas legislativas destinadas a intensificar las penas carcelarias para individuos sin documentación legal en EE. UU., en casos de ser hallados culpables de manejar sin licencia o de involucrarse en crímenes serios.
DeSantis ha sido un crítico constante de la administración de Joe Biden respecto a la gestión de la frontera sur, argumentando que ha desencadenado una crisis sin paralelo en el país.
Además, ha desplegado fuerzas policiales y unidades de la Guardia Nacional de Florida hacia Texas y ha facilitado el traslado aéreo de inmigrantes indocumentados hacia Massachusetts y California desde la frontera texana. “Nuestra postura es clara respecto a la inmigración ilegal y los actos delictivos cometidos por inmigrantes indocumentados que, en principio, no deberían encontrarse aquí. Las leyes que promulgué este viernes refuerzan la capacidad de Florida de hacer valer la ley”, expresó DeSantis.
La legislación vinculada a la conducción sin licencia se suma a una normativa previa en Florida, que impide la obtención de dicho permiso a migrantes en situación irregular. Además, extiende la pena máxima para quienes sean reincidentes en conducir sin licencia de 60 días a un año de cárcel, aplicable tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes sin permiso de residencia.
Críticas hacia las legislaciones recientes
Organizaciones pro-migrantes han expresado su desacuerdo con las nuevas normas, argumentando que comprometen la seguridad pública al impedir que muchos migrantes obtengan licencias de conducir, lo cual los llevaría a manejar sin los debidos exámenes ni seguros. Actualmente, diecinueve estados y Washington D.C. permiten que inmigrantes sin documentos accedan a licencias de manejo.
Renata Bozzetto, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, sostiene que “la seguridad efectiva se logra a través de enfoques integrales que incluyen la educación vial y la emisión de licencias a todos los conductores aptos, más allá de la imposición de medidas punitivas”.
Incremento de las penas para crímenes graves
Otra medida legislativa eleva las penas para inmigrantes que cometan delitos graves y hayan sido deportados anteriormente. Por ejemplo, delitos menores como el allanamiento pueden acarrear hasta 15 años de prisión, en comparación con los cinco años actuales. Delitos intermedios, como la agresión grave, podrían resultar en 30 años de cárcel, y los delitos más graves, como el robo a mano armada, podrían conllevar la cadena perpetua.
Nuevas disposiciones legales
HB-1451: Prohíbe a las autoridades locales emitir licencias de conducir a personas sin estatus legal en EE. UU.
HB-1589: Incrementa las penalizaciones por manejar sin licencia.
SB-1036: Endurece las sentencias por crímenes cometidos por individuos que han reingresado al país de manera ilegal tras ser deportados.
Recientemente, DeSantis ha movilizado recursos estatales para desplegar más de 250 oficiales en el sur de Florida con el fin de interceptar embarcaciones de migrantes.
