Las acciones judiciales se centran en dirigentes del Polo Obrero, Barrios de Pie y otros grupos, tras denuncias hechas a la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad. Las graves maniobras que se investigan
Dirigentes y militantes piqueteros están siendo investigados por la Justicia Federal bajo acusaciones de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, obligándolos a participar en manifestaciones callejeras y a vender alimentos y productos distribuidos por programas del ex Ministerio de Desarrollo Social. Las investigaciones surgieron a partir de denuncias realizadas a la línea 134 habilitada por el Gobierno.
Según fuentes oficiales, la causa ha llevado a la ejecución de 27 allanamientos. Estas investigaciones judiciales comenzaron tras una denuncia ante el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Entre los acusados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, y otros dirigentes como Puppo, Delgado y Vásquez del Polo Obrero, además de miembros de otros grupos piqueteros que gestionaban comedores populares. También están siendo investigados el Movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
La lista de investigados incluye a Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, y Tania Cassamello.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas de varios acusados por extorsión. Según las actuaciones, los acusados “habrían coaccionado a los beneficiarios de planes sociales para participar en marchas y manifestaciones públicas y/o entregar parte del dinero, bajo la amenaza de ‘dar de baja el plan’, con un total de 924 casos”.
El fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la instrucción del caso, indicó que “se reunieron suficientes elementos de convicción para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos en domicilios particulares de los acusados, sedes de comedores populares, depósitos, oficinas, y locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas, para asegurar la presencia de los imputados, secuestrar el producto del delito y recolectar pruebas como planillas de asistencia a movilizaciones o dispositivos celulares”.
Las intervenciones mostraron que los imputados canalizaban los fondos ilícitos obtenidos mediante extorsiones a través de cooperativas, sin que se conozca el destino final del dinero, por lo que se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 28 investigados para evaluar sus patrimonios y determinar si obtuvieron beneficios económicos de las extorsiones.
El tribunal consideró crucial el secuestro de dispositivos electrónicos de los imputados, ya que muchas exigencias se realizaban a través de estos medios, así como planillas de asistencia, documentación relacionada con planes sociales, pagos, alquileres o mercadería, y comprobantes de extracción de dinero en efectivo.
El Ministerio de Seguridad informó esta mañana que se incautaron “millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios relevantes”.
Además, la Justicia logró acceder a “los chats de apriete” que las víctimas habían denunciado en la línea 134, y ratificaron en sede fiscal, aportando mensajes de WhatsApp que evidenciaban las extorsiones para asistir a las marchas.
El análisis de las pruebas demostró que la participación en las movilizaciones no era voluntaria y que los recursos para los comedores eran desviados, vendiendo la comida proporcionada por el Estado y gestionando la asistencia según el nivel de compromiso de los obligados a participar políticamente. Las personas que no podían asistir a las marchas debían presentar certificados médicos.
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno implementó una política de confrontación con las organizaciones sociales que intermediaban en la distribución y gestión de la ayuda social. Esta disputa se concretó en un protocolo del Ministerio de Seguridad para evitar cortes de tránsito y un cambio en la gestión de los planes sociales por parte del Ministerio de Capital Humano, excluyendo la participación de piqueteros.
Las organizaciones sociales han continuado con manifestaciones periódicas, sin lograr modificar la política del gobierno actual.
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