El nuevo sistema de indemnización creado por la Ley Bases es promovido por el Gobierno como una forma de generar empleo, y varios sindicatos importantes están negociando su inclusión en los convenios con los empresarios. ¿Qué implica esta innovación?
El Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral, considerando las observaciones tanto del empresariado como del sindicalismo. Sin embargo, hay un punto de la Ley Bases que todos los sectores observan con atención: la creación del Fondo de Cese Laboral para reemplazar las indemnizaciones actuales y, según los libertarios, reducir la “industria del juicio”.
Este sistema ya existe en la UOCRA y Javier Milei lo ha convertido en uno de sus objetivos laborales desde antes de asumir el gobierno. En septiembre pasado, se reunió en secreto con Gerardo Martínez, líder de ese gremio y dirigente de la CGT, para conocer de primera mano cómo funciona el sistema de indemnización que la ley busca generalizar.
Otro defensor del sistema es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en una entrevista con TN destacó que el Fondo de Cese de la UOCRA fue “paradigmático” para resolver “un problema de las relaciones laborales en Argentina, relacionado con la incertidumbre y los altos costos del proceso de despido e indemnización, que incrementan significativamente los costos laborales para las pymes y empresas”. Ahora, añadió, “la Ley de Bases permite a cada industria implementar un sistema similar en su propio convenio para resolver este problema”.
El artículo 96 de la Ley N° 27742 establece: “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme a los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, para solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme al artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.
Entre todas las objeciones de la CGT a la reforma laboral, este artículo, que ya figuraba en el DNU 70, no fue cuestionado. Principalmente porque la adhesión al nuevo sistema de indemnización es opcional y depende de lo que negocien empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo.
Ya hay sindicatos que han anticipado su apoyo al Fondo de Cese, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, quien se convirtió en pionero en este ámbito al expresar su postura el 27 de diciembre pasado durante una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras la CGT se oponía al DNU 70, que incluía el artículo respaldado por los mercantiles.
“Hace tiempo que estamos negociando con las cámaras, que mantienen una discusión sobre el aporte. Hay cámaras que quieren aportar menos y otras que quieren aportar más. Conciliar todas estas posiciones nos lleva tiempo. Pero estamos cerca de llegar a un acuerdo y eso fue lo que le dijimos a la ministra (Pettovello)”, dijo Cavalieri a Infobae en ese momento. Ocho meses después, sin embargo, no ha habido avances entre el sindicato y las cámaras empresariales del sector.
En una carta dirigida al secretario de Trabajo, Julio Cordero, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), liderada por Natalio Mario Grinman, expresó su postura sobre la reforma laboral del Gobierno y subrayó que el nuevo sistema de indemnización “no cuenta con el consenso de todo el sector empresarial”. “Lo interesante es que la propia Ley de Bases no lo impone de manera generalizada -añadió-, sino que lo remite al protocolo de la negociación colectiva, según las características y necesidades de cada actividad”.
A pesar de esto, la CAC, que participa en la mesa técnica para consensuar la reglamentación laboral, consideró que “el sistema del fondo de cese puede ser útil para determinadas actividades –analizando, por ejemplo, el nivel de rotación del personal– para reducir costos empresariales”.
Sin mucha visibilidad aún, otros sindicatos están explorando con los empresarios de cada sector la posible adhesión al Fondo de Cese: desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), dirigida por Luis Barrionuevo, hasta el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), encabezado por José Minaberrigaray, pasando por una amplia lista que incluye, entre otros, a los ceramistas.
En su breve apoyo a la candidatura de Milei, Barrionuevo llegó a elogiar públicamente el Fondo de Cese: “Los gastronómicos también vamos a implementar un seguro de desempleo, hace mucho que lo quise hacer. Es como el fondo de despido que tiene la UOCRA. Bueno, esto es lo que plantea Milei y lo vamos a hacer”, dijo en octubre pasado al portal El Esquiú, de Catamarca.
Luis Barrionuevo propuso que cada gremio se haga cargo de este sistema de indemnización: “Los gastronómicos que están desocupados los va a tener que capitalizar gastronómicos. Cada uno va a tener que adecuarlo, organizarlo y que salga del sindicato el control que tenga que haber. La gente desocupada va a cobrar directamente con su QRL que va a tener, y va a tener su cuenta”.
Sin embargo, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, aunque promueve una “adecuación laboral”, se distanció del Fondo de Cese: “Debería haber fondo de cese para todos los mal llamados cooperativistas o trabajadores de la economía popular que utilizan políticamente los municipios, diferentes gobiernos y muchas organizaciones y seudo dirigentes sociales”. Aun así, admitió que “muchas organizaciones gremiales van a optar” por este sistema “porque en su actividad dinámica les conviene más, tanto al sector sindical como al sector empresarial”.
Además del beneficio que puede representar para algunas actividades, algunos expertos laborales sostienen que el Fondo de Cese puede convertirse en un negocio para empresas y sindicatos que se asocien con compañías de seguros privadas, ya que la ley permite esa posibilidad. Este escenario recuerda la decisión de muchos sindicatos de crear sus propias AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) durante el gobierno de Carlos Menem.
Para el Gobierno, esta reforma es crucial porque debilita la industria del juicio, como destacó Sturzenegger: “El Fondo de Cese no genera resistencia ni de los empresarios ni de los sindicatos porque ambos ganan. ¿Quién pierde? La industria del juicio. Si el sindicato y la patronal son inteligentes, ambos ganan y pierde la industria del juicio, que absorbe todos esos recursos. Así, deberían poder ofrecer a los empleados un esquema mejor que la Ley de Contrato de Trabajo. En realidad, se reduce la incertidumbre en la relación laboral, permitiendo que tanto la empresa como el trabajador tengan un acuerdo mejor que el actual”.
Según Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Fondo de Cese es “una alternativa que los firmantes de los convenios colectivos deben decidir si implementar o no”. Defendió la reforma laboral afirmando que “no es contra el trabajador sino contra una legislación que tiene más de 50 años”. Añadió que busca que “el empresario no tenga miedo a contratar” porque “hay una industria del juicio indiscutible que castiga a la pequeña empresa”.
Marcelo Aquino, abogado laboralista que asesora al sector empleador, opinó que el Fondo de Cese Laboral generará “un incremento de costos fijos para las empresas porque implica una obligación de aportar todos los meses a un fondo”, por lo que “deberían tener un índice de rotación muy alto para que esto se justifique”. Además, anticipó que “algunos jueces podrían considerarlo inconstitucional porque, según el artículo 14 bis de la Constitución, existe la obligación de una reparación por estabilidad relativa para los empleados del sector privado que representa una indemnización, pero un fondo de cese no cumpliría esa función”.
Entre los sindicalistas que apoyan el Fondo de Cese, uno de los más entusiastas es Gustavo Rossi, titular de UECARA (el gremio de los peajes y los mandos medios de la construcción en varias provincias), quien busca ser el primer gremialista en firmar el nuevo sistema de indemnizaciones. Sin embargo, ya ha encontrado algunos reparos del sector empresarial: “Me advirtieron que el 98% de las empresas son pymes y lo ven como una solución real, porque eliminaría la deuda de eventuales indemnizaciones de la empresa, pero el 2% de las grandes firmas que lideran las distintas cámaras empresariales no lo aceptarían, lo ven como un costo innecesario”, señaló el dirigente cordobés.
Para Aquino, hay un punto importante: “La ley dice que se establecerá el Fondo de Cese Laboral por negociación colectiva conforme a las pautas que determine el Poder Ejecutivo, pero aún no se conocen esas pautas”. Esto es precisamente lo que deberá definirse mediante el decreto reglamentario que Cordero y Sturzenegger están elaborando y que se dictará en los próximos días. Habrá que ver si contemplará las solicitudes y sugerencias de empresarios y sindicalistas, y cómo se implementará el Fondo de Cese, la herramienta de Milei contra la “industria del juicio”.
LA
