La Defensora del Pueblo de Avellaneda, Dra. María Laura Garibaldi, miembro de ADPRA, se ha manifestado contra la quita a las asignaciones familiares a los más vulnerables.
Desde ADPRA y el Consorcio de Defensores del Pueblo Bonaerense planteamos nuestro enérgico rechazo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 702/18, el cual elimina los montos de las asignaciones familiares por hijo y prenatal para las zonas más desfavorables.
Esta medida afecta a una población aproximada de 449.409 casos, en zonas donde la quita de recursos tendrá un altísimo impacto en las economías regionales de nuestro país; según datos obtenidos del propio “Informe Estadístico” de Mayo 2018 que publica Anses y datos del INDEC.
Del texto del Decreto, se desprende que:
1- En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, la pérdida por prestación ronda los $ 1.800 y afecta a 140.261 casos, eso significa $ 252.469.800 mensuales, lo que equivale a $ 3.282.107.400 anuales
2- Las Provincias de Rio Negro, Neuquén, La Pampa; los distritos correspondientes a Mendoza y los departamentos de Formosa que tienen una población comprometida, suman un total de 260.785 casos. Se puede estimar una pérdida promedio del orden de los $ 450 lo que hace un total de $ 117.353.250 mensuales lo que equivale a $ 1.525.592.250 anuales
3- Los departamentos de Salta y Jujuy que involucran una población de 48.363 casos, donde la pérdida ronda los $1.800 hace un total de $87.053.400 mensuales lo que equivale a $1.131.649.200 anuales.
Esta medida logra un “ahorro” para el Estado total de $ 5.939.348.850 anuales, pero está “política del gasto público” afectada directamente a los niños, niñas y adolescentes de las zonas más desfavorables de nuestro país.
Este “ahorro” representa el 0,41 % del total del presupuesto anual de la seguridad social que es de $ 1.453.514.662.730.
Aun queda por evaluar cual es el impacto de la disminución de los topes remunerativos para cobrar asignaciones familiares, las reformas en los trabajadores de temporada, donde se estima que muchos quedarán excluidos de estas prestaciones, y la imposibilidad que ambos cónyuges declaren los hijos para deducir ganancias.
Antes fueron los jubilados con la ley de movilidad, ahora las asignaciones familiares bajando el tope para cobrarlas y eliminando las zonas desfavorables para las prestaciones por hijo y prenatal.
Estos sectores son los más débiles de nuestra sociedad, y son los que no pueden generar otros ingresos.
