El impacto económico del COVID-19 comenzó a hacerse sentir en la mayoría de los países de la región. La situación se configura como un shock externo de magnitud: las diferentes monedas se deprecian ante la fuga de capitales a destinos más seguros por la incertidumbre que la enfermedad genera.
En Argentina, esta situación genera una inquietud adicional, porque implica un movimiento devaluatorio justo en un momento en el que el Gobierno apela a la estabilidad cambiaria como un pilar del programa económico y como ancla del resto de los precios.
Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina hizo pública su posición al afirmar que «tendrá «una política cambiaria de flotación administrada para evitar fluctuaciones pronunciadas de la paridad que generen efectos negativos sobre la competitividad, los precios internos y la distribución del ingreso».
Dicha decisión se basa en el hecho que la estabilidad vigente desde agosto, en un marco de fuertes restricciones en el mercado, es una de las variables que permitiría, en estos meses, mantener la tendencia a la desaceleración de la suba de precios.
