Todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos sustraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública, en «zonas calientes» de la ciudad, a cargo de brigadas especializadas.
Se calcula que más de dos millones de teléfonos adulterados se darán de baja gradualmente; cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositivos de la «lista negra», el sistema se bloqueará y no se podrá conectar más a una red móvil. Según los expertos, se darán de baja a un promedio de 4000 celulares por día. En los últimos cuatro meses la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que encabezó los primeros operativos, detuvo a 90 personas en las inspecciones: el 95% son extranjeros; entre ellos, casi el 67% son peruanos.
Más de 2500 millones de personas en todo el mundo usan smartphones. En la Argentina son 23,34 millones de personas, más de la mitad de la población. Con tantos dispositivos que valen cientos de dólares, el robo de teléfonos que alimenta el mercado negro ha crecido considerablemente en los últimos años. Para abordar este problema -económico, pero, especialmente, de seguridad pública- se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea «inválido».
«Se busca desmantelar las mafias que están detrás del robo de celulares y que generalmente conviven con los motochorros. No vamos a permitir la comercialización de teléfonos celulares robados en la Ciudad y vamos a seguir desbaratando estas cuevas de comercio ilegal todas las veces que sea necesario», dijo a LA NACIÓN el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.
Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones. Con un promedio de seis clausuras por semana de comercios dedicados a la venta de teléfonos usados se busca impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.
«A partir de un decreto del Enacom, tras gestiones con las prestadoras, si un smartphone es robado y su IMEI fue adulterado se lo dará de baja y no se podrá usar ni vender. Es una medida importante porque, para nosotros, todos los teléfonos robados están manchados de sangre, porque las circunstancias de la sustracción son, en general, violentas», contó a LA NACIÓN el jefe de la División de Cibercrimen, Carlos Gabriel Rojas.
