Con los ánimos híper sensibilizados por la seguidilla de roturas de silobolsas (se contaban 57 hasta , además de incendios intencionales de cosechas y de forrajes), durante las últimas horas se viralizó en las redes la versión de que en un campo cercano a Bahía Blanca un grupo de productores había podido atrapar a personas que habían tajeado silobolsas y que confesaron haber sido enviadas por la dirigencia sindical de camioneros.
Tanto que dirigentes como Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), ya están advirtiendo sobre el riesgo de una escalada de violencia: «Hay que contener a los productores. Ellos se deben sentir protegidos y contenidos porque no podemos permitir que haya episodios de defensa propia ante la falta de justicia o de seguridad», declaró en un día en el que el nerviosismo alcanzó su nivel máximo.
Casi al mismo tiempo, la policía de patrullas rurales dio inicio a un operativo especial en la provincia de Buenos Aires, de manera de intensificar la vigilancia en los lugares susceptibles de ataques. Para ello, pidió a los productores la información sobre dónde se encuentran localizados los silobolsas.
La sospecha de intencionalidad se exacerba por el hecho de que algunos de los ataques incluyeron prácticas que denotan conocimiento por parte de los perpetradores y además un evidente propósito de perjudicar comercialmente al productor. Como le ocurrió a un productor de San Jerónimo Sud, provincia de Santa Fe, que no solamente sufrió la rotura del silobolsa, sino que además encontró que los granos habían sido mezclados con fungicidas para curar semillas.
Esto implica que se pierde el contenido completo de una bolsa, porque el productor no puede garantizar, en la declaración jurada que debe firmar al momento del embarque, que su carga no contenga sustancias peligrosas para la salud. Conclusión, el productor perdió 100 toneladas, un costo de 1,5 millón de pesos.
