Un juez federal detuvo un importante aumento de las tarifas para obtener la ciudadanía estadounidense y otros beneficios migratorios tres días antes de su entrada en vigor y señaló que los dos últimos jefes del Departamento de Seguridad Nacional probablemente fueron nombrados de forma ilegal.
Estaba previsto que las tarifas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración — la agencia responsable de conceder la ciudadanía, las tarjetas de residencia permanente y los permisos temporales de trabajo — se incrementasen una media del 20% el viernes.
Los cambios incluían una nueva tarifa de 50 dólares por pedir asilo. Los solicitantes de asilo también debían abonar 550 dólares si querían un permiso de trabajo y 30 dólares por recopilar sus datos biométricos.
La tarifa por convertirse en ciudadano estadounidense iba a subir a 1.170 dólares desde los 640 actuales, y las exenciones para quienes dicen que no pueden abordar ese gasto iban a eliminarse en su mayoría.
