Conflicto mapuche del otro lado de la Cordillera: nuevo estado de emergencia y la militarización en el sur

Es debido a la escalada de violencia. La segunda medida abarca a La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Los militares de Chile copan el sur.

Conflicto mapuche. El Congreso de Chile aprobó extender por novena vez el estado de emergencia y la militarización en la región sureña de La Araucanía, además de las provincias de Arauco y Biobío, debido a la escalada de violencia en esa zona con los mapuches.

La acción respaldada por el Ejecutivo regirá por otros 15 días tras haber sido votada en la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado, como manera de «avanzar en el control de la violencia».

«Hay un clima de violencia que se ha incrementado, con confianzas rotas y brechas sociales que persisten, lo que ha propiciado una conflictividad que no ve horizonte de solución y para una violencia creciente», dijo durante la sesión la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Conflicto mapuche del otro lado de la Cordillera: nuevo estado de emergencia y la militarización en el sur

El 16 de Mayo, el Gobierno chileno decretó la aplicación de un estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en localidades del sur, lo que permite el despliegue de policías y militares, a quienes se otorga mayores atribuciones.

Desde entonces, la medida se fue prorrogando para poder contener los problemas asociados al conflicto que mantiene hace décadas el Estado con el pueblo originario mapuche y empresas forestales allí apostadas.

El Gobierno anunció en ese contexto la presentación de un nuevo proyecto que busca enfrentar y prevenir la violencia con iniciativas como el estado de excepción constitucional, la cual se complementará con planes de persecución del crimen organizado, entre otros.

Tohá advirtió que también buscan recomponer la confianza con el pueblo mapuche, así como con el resto de la población de la zona, a través de acuerdos de representación y reparación a las víctimas de violencia.

Se suma un plan de inversiones y otras medidas para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir las brechas sociales «de más de seis puntos respecto de otras partes del país», explicó Tohá.

La ministra coincidió con los parlamentarios en la importancia de lograr un acuerdo transversal sobre seguridad y de avanzar en un catastro sobre la propiedad de las tierras en disputa. (NA)

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