Alberto Fernández: luz verde. El presidente Alberto Fernández avaló el pliego de la jueza Ana María Figueroa, incrementando la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema. La dilación, que se extendió varios días, suscitó sospechas en el kirchnerismo. En ocasiones anteriores, una vez aprobado por el Senado, el decreto de designación se había publicado al día siguiente. La jueza en cuestión desempeña un papel crucial en las investigaciones relacionadas con Hotesur y Los Sauces.
El pliego de la jueza Ana María Figueroa había estado paralizado durante meses, incluso superando la edad obligatoria para jubilarse, y la Corte Suprema había manifestado que no debía continuar en su cargo. Sin embargo, el jueves pasado, la coalición oficialista logró obtener los votos necesarios para su aprobación en el Senado. Figueroa es una jueza esencial en el caso Hotesur, donde se encuentra involucrada la vicepresidente Cristina Kirchner.
Esta tarde, después de una demora de tres días, Alberto Fernández rubricó el pliego para permitir que Figueroa continúe en funciones a pesar de haber cumplido los 75 años y en contra de la determinación de la Corte Suprema.
La demora del jefe de Estado generó suspicacias en el kirchnerismo debido a la confrontación que ha persistido durante gran parte de su mandato con su compañera de fórmula. Sin embargo, existen varias versiones sobre las razones detrás de la demora en la firma del esperado decreto por parte de la vicepresidenta.
Una teoría sugiere que la jueza, que cumplió 75 años en octubre, podría estar evitando enfrentar un complicado proceso que podría culminar con otro rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta versión fue propuesta por el senador opositor Luis Juez, uno de los que se opusieron al pliego de Figueroa en la sesión del jueves.
Otra explicación se refiere a un conflicto judicial para el propio gobierno de Fernández. En 2017, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano promulgó un decreto que estableció que los jueces que alcanzaban los 75 años debían obtener previamente un nuevo acuerdo del Senado por 5 años adicionales; de lo contrario, debían renunciar a sus cargos.
También se especulaba sobre la posibilidad de que quienes firmaran el decreto de Figueroa pudieran enfrentar denuncias por no acatar una decisión de la Corte Suprema, que ya había destituido a la jueza en cuestión el 6 de Septiembre pasado.
En relación con este tema, el Viernes, el ministro de Justicia Martín Soria afirmó en sus redes sociales que «el único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten en destituir a una jueza por no ser del Partido Judicial, estarán violando, una vez más, las facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Artículo 114) y del Senado (Artículo 99.4)».
El hecho concreto es que el Jueves pasado, la coalición oficialista en el Senado y sus aliados otorgaron un nuevo acuerdo para el pliego de la ex jueza Figueroa. Ahora, el Gobierno debe emitir un decreto, publicarlo en el Boletín Oficial y remitirlo a la Cámara Federal de Casación Penal.
Por otro lado, el plenario del Consejo de la Magistratura se reunirá nuevamente este miércoles, y se espera que el conflicto en torno al nombramiento de Figueroa sea parte de las discusiones entre los consejeros del oficialismo y la oposición. Aunque el tema de la jueza no figura en el temario, se prevé que sea examinado mientras se aguarda la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
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