Muerte de Alberto Nisman. Esta semana, la Cámara Federal ratificó la imputación de dos individuos por supervisar los desplazamientos migratorios de Stiuso y de la magistrada Arroyo Salgado. Lo hicieron mediante una contraseña de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). ¿Cómo se relaciona esto con el fallecimiento del fiscal? ¿Qué aseveró Stiuso en el asunto?
«Todo guarda relación con todo». Esta frase no solo es utilizada por la vicepresidenta Cristina Kirchner al vincular sucesos y datos en Argentina. Paradójicamente, esta expresión fue pronunciada por el espía más renombrado de Argentina, Antonio Stiuso, cuando solicitó profundizar la investigación sobre los dos individuos que trabajaban para la provincia de Entre Ríos y, con una contraseña de la Agencia Federal de Inteligencia, vigilaban los movimientos migratorios de Stiuso justo a partir del 18 de Enero de 2015, fecha en la que aún no se había encontrado el cuerpo de Alberto Nisman con una herida de bala en su domicilio. Consultaron los datos del ex jefe de Contrainteligencia en 38 ocasiones, desde ese Domingo hasta el 30 de Enero siguiente.
Los dos imputados por este espionaje, Pablo Palá y Alexis Lesa, se dedican a la tecnología informática y laboran en diferentes organismos gubernamentales de Entre Ríos. En sus declaraciones, buscaron desvincularse del caso, pero la Cámara Federal, tal como adelantó Infobae el jueves, los enjuició por quebrantar la ley de inteligencia. Ahora se intenta determinar quiénes están detrás de ellos y cuál fue su conexión con el fallecimiento del titular de la UFI-AMIA. No parece una coincidencia que el software malicioso que se infiltró en el dispositivo móvil de Nisman apunte hacia la dirección IP (identificación única de un dispositivo en Internet) que se empleó para espiar a Stiuso y a la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La historia del programa malicioso en el teléfono de Nisman no es reciente y está presente prácticamente desde el inicio del caso. El titular de la UFI AMIA, quien antes de su fallecimiento denunció a la entonces Presidenta por encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, tenía en su móvil un malware que no llegó a activarse porque Nisman utilizaba un teléfono Android. Una vez que se activa un programa malicioso, el control del teléfono se comparte entre el propietario y el atacante. Vale destacar que, según el fiscal Eduardo Taiano, quien lidera la investigación, el teléfono de Nisman fue manipulado y borrado, aunque no se sabe quién lo hizo ni cuándo.
En el contexto de la pesquisa por la muerte de Nisman, los investigadores judiciales han tratado de determinar la procedencia de este intento de acceso al móvil del fiscal. Esto condujo a una dirección en Entre Ríos, donde se encuentra una compañía de tecnología informática. Este vínculo se estableció incluso antes de que el caso fuera transferido a Comodoro Py 2002, donde se trató como un homicidio. Sin embargo, nunca se avanzó más allá. Pero ahora, parece que existe una conexión entre esa empresa de tecnología y los dos sospechosos de espiar a Stiuso y a Arroyo Salgado.
Durante más de dos años, los investigadores del caso Nisman han interrogado a más de 70 agentes de la AFI que estuvieron en la zona de Puerto Madero o que mantuvieron comunicaciones con otros teléfonos importantes durante el fin de semana en que Nisman se preparaba para presentar su denuncia el lunes 19 de Enero en el Congreso, donde acusaría a la actual vicepresidente. Se han encontrado con contradicciones, desavenencias internas, sospechas y silencios.
La muerte de Nisman no se puede entender sin considerar la lucha de los espías que se estaba librando en las entrañas de la AFI de ese entonces (antes SI). En Diciembre de 2014, Cristina Kirchner destituyó a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia debido a su creencia de que se estaba llevando a cabo una ofensiva desde Comodoro Py en contra de su gobierno. Los dos máximos responsables de la central de espionaje, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, fueron reemplazados por el actual senador Oscar Parrilli y el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, respectivamente. Pocos días después, se confirmó la renuncia del director de Contrainteligencia, Antonio «Jaime» Stiuso, quien en ese momento era uno de los funcionarios que colaboraba estrechamente con Nisman.
El espionaje de los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado no se reveló en la investigación sobre la muerte de Nisman, sino en una causa presentada el 20 de Octubre de 2015 por las entonces diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich (hoy candidata presidencial). Sostenían que se estaba interviniendo los teléfonos de políticos de la oposición, jueces y periodistas. La lista incluía al entonces candidato a presidente Mauricio Macri, al actual jefe de Estado Alberto Fernández y a Sergio Massa, entre otros.
El juez Sebastián Casanello, que más tarde fue recusado, fue el encargado de esta causa inicialmente, pero luego fue transferida al juez Julián Ercolini, quien también está a cargo de la denuncia por la muerte de Nisman, aunque la causa está bajo la fiscalía. Sin avances en la investigación sobre las intervenciones telefónicas ilegales, fue Stiuso quien solicitó que se profundizara en las solicitudes de sus datos migratorios, lo que finalmente condujo a Entre Ríos.
Todas las consultas se realizaron desde la dirección IP registrada a nombre de Palá, en una oficina compartida con Lesa. Para las consultas realizadas en la Dirección de Migraciones, se utilizó un usuario asignado de la AFI. El agente asignado trabajaba en la Dirección de Contrainteligencia de la AFI
Todas las indagaciones se llevaron a cabo desde la IP que está registrada a nombre de Palá, en una oficina que comparte con Lesa. Para las investigaciones efectuadas en la Dirección de Migraciones se empleó un usuario asignado a la AFI. El agente designado desempeñaba funciones en la Dirección de Contrainteligencia de la AFI durante ese período. Además, en Enero de 2015, cuando se realizaron las búsquedas, estuvo de vacaciones en Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
Cuando fueron llamados a declarar, tanto Palá como Lesa negaron su participación en los sucesos. Su abogado, Luciano Legasque, mencionó este fin de semana en una emisora de Entre Ríos que Palá se dedica a ofrecer «servicios informáticos», como intermediario de ciertos servicios de direcciones de internet; y que él comercializó servicios de IPlan a una empresa de renombre internacional, desde cuyo servidor se realizó la búsqueda en Migraciones. «Palá no tiene ni acceso ni control sobre el uso que haga el usuario final con dicho servicio que contrató. Solo factura como revendedor. Actúa como intermediario. Y Lesa queda involucrado porque Palá proporcionó un teléfono alternativo, que pertenecía a su amigo. No tuvieron ninguna participación». En términos generales, esto es lo que habían expresado previamente los involucrados al apelar el procesamiento.
Infobae tuvo acceso al documento en el que Stiuso demandó a la Cámara que ratificara los procesos y destacó la «persecución» en su contra durante el Gobierno de Cristina Kirchner, junto con la muerte de Alberto Nisman. «Todo está conectado y no resulta del todo sorprendente que el control se haya realizado desde esa localidad de Entre Ríos», afirmó.
«En primer lugar, es importante mencionar que ha transcurrido mucho tiempo desde que ocurrieron estos eventos. Sin embargo, no podemos olvidar lo que sucedió, ya que realmente, en ese agitado 2015, fui víctima de hostigamiento y persecución orquestados por las más altas autoridades del país. No fui el único, muchas otras personas también fueron víctimas de las mismas maniobras (basta con observar la lista que aparece al comienzo de estos procedimientos para comprender la magnitud de la maniobra)», declaró el ex espía. Y agregó: «Lo que se demostró aquí son maniobras que me afectaron a mí y que también afectaron a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, un dato que no debe pasarse por alto, dado que no hay otra opción (dada la fecha en que ocurrieron los hechos, desde el 18 hasta el 30 de enero de 2015) que vincularlo todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman».
«Lo que sucedió en Enero de 2015 quedará grabado en la memoria de todos nosotros. Para mí, personalmente, quedará grabado porque además de sufrir la pérdida de un ser querido, también me vi obligado (debido a acciones como las que se investigan aquí) a abandonar el país y mudarme al extranjero junto con mi familia», añadió.
Stiuso afirmó: «El interés por ‘buscarme’, como ya he explicado en este y otros casos, había sido ampliamente manifestado, tanto de forma privada como pública, por el entonces Director de la SI/AFI, Oscar Parrilli». Para Stiuso, no hay dudas de que los dos acusados que rastrearon sus movimientos migratorios con una clave de la AFI «cumplían órdenes de las más altas autoridades» de la secretaría de inteligencia. Y recordó la denuncia que hizo y que llevó a que sus hijas fueran escoltadas para poder salir del país y su testimonio en la causa Nisman.
En su segunda declaración, que sacudió el expediente y llevó a que el caso fuera investigado en Comodoro Py, Stiuso afirmó: «Estoy convencido de que a Alberto Nisman lo asesinaron», que el fiscal y él se convirtieron en «un obstáculo» para la ejecución del Memorándum con Irán y que «cuando la ex presidenta decidió negociar con Irán, quedó atrapada y como rehén de ese país». El espía también afirmó: «Estoy seguro de que Alberto era el blanco de una inteligencia paralela».
Como respuesta en este caso, Stiuso calificó a los acusados de «inorgánicos» y señaló al abogado que los representa. «Legascue trabajaba en la época en que ocurrió el caso de Carlos Telleldín, en la delegación de la SIDE de Paraná. No es descabellado pensar que los imputados puedan haber tenido algún vínculo con la SI/AFI, quizás no como empleados, pero sí como ‘inorgánicos’, ofreciendo servicios informáticos», afirmó Stiuso.
«Es evidente que estas actividades de inteligencia no autorizada se llevaron a cabo utilizando una clave de la SI/AFI desde un lugar sorprendentemente distante (si consideramos que esa clave era utilizada por personal de la dirección de contrainteligencia, que tiene su sede en CABA). Probablemente, esto se hizo para no dejar rastros de la persecución de la que estaba siendo víctima», advirtió.
El Jueves pasado, la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos y ordenó profundizar la investigación. Hicieron referencia a la declaración de una funcionaria de la Aduana de Ezeiza, Andrea Muñoz, quien precisó que los días 20 y 21 de Enero de 2015, la Subdirectora General de Operaciones Metropolitanas de la Dirección General Impositiva solicitó información sobre diferentes CUIT: Sandra Arroyo Salgado, el fiscal Alberto Nisman y Diego Lagomarsino, el técnico informático acusado de ser cómplice en el asesinato porque su arma se utilizó para matar al fiscal de la UFI AMIA, en lo que se considera un homicidio. El fallo también mencionó a Gonzalo Horacio Tzareff, jefe de Equipaje de Aduana, quien accedió de manera ilegal a las grabaciones de la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando Nisman llegó para presentar su denuncia.
Según pudo saber Infobae, después del fallo de la Cámara Federal, el juez Ercolini dispuso el secreto de sumario en la investigación. Habrá que esperar a conocer las próximas novedades.
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