La Justicia entra en el escenario político. En medio de la campaña electoral, el sistema judicial se adentró en el fango político con tres señalizaciones de gran intensidad. En un lapso breve, tanto la Corte Suprema como la Cámara de Casación salieron a establecer límites para Javier Milei, Cristina Kirchner y el conjunto de líderes políticos.
El Poder Judicial parece estar dispuesto a inmiscuirse en la política en un momento crucial rumbo a las elecciones. Con una corta diferencia temporal, la Corte Suprema y la Cámara de Casación emitieron pronunciamientos sumamente significativos, con un marcado matiz político. Uno de estos está relacionado con el plan de Javier Milei para dolarizar la economía, mientras que el otro aborda las investigaciones de corrupción que afectan a Cristina Kirchner.
La advertencia a Javier Milei provino de Horacio Rosatti, aunque no en representación del tribunal máximo que preside, sino a título personal. Afirmó que «la eliminación de la moneda argentina mediante la dolarización es inconstitucional».
En otras palabras, señaló que la Constitución requiere que sea el Congreso quien determine el valor de la moneda y que exista una moneda nacional emitida por un banco en territorio argentino. No obstante, Rosatti dejó abierta la posibilidad del uso conjunto de dos monedas o la existencia de una cesta de divisas que permita la supervivencia del peso.
A pesar de cuestionar la emisión descontrolada de pesos, resulta novedoso que Rosatti critique a Milei en relación con una de sus principales propuestas, como lo es la dolarización.
Dada esta situación, cabe preguntarse si la Corte no está adentrándose en un terreno político. Sin embargo, en última instancia, son los jueces los encargados de interpretar la Constitución, y Rosatti no hizo más que recordar algo que ya había planteado en sus sentencias y escritos.
Otro de los señalamientos provino de la totalidad de la Corte Suprema al rechazar una objeción a la «Ley del arrepentido». De esta manera, la causa de los Cuadernos de la corrupción no encuentra ningún obstáculo para avanzar. Fue una manera de instar a los jueces a investigar sin refugiarse en la posible inconstitucionalidad de la mencionada ley.
No obstante, el ritmo que los jueces decidan imprimir a esta causa determinará su curso futuro. En Argentina, es sabido que los procesos por corrupción pueden prolongarse durante décadas y perder fuerza con el tiempo. A pesar de ello, la Ley del arrepentido ha generado numerosas confesiones, y resulta sorprendente que, después de tantos años, aún no se haya condenado a nadie.
El tercer pronunciamiento procedió de la Cámara de Casación y se relacionó con los casos de Hotesur-Los Sauces y el memorándum con Irán, dos investigaciones que Cristina Kirchner no deseaba que se reabrieran.
Es importante recordar que, para protegerse, la Vicepresidenta tenía la intención de reinstalar a la jueza Ana María Figueroa en la cámara. Sin embargo, la Cámara de Casación actuó con premura y declaró que esas causas deben someterse a juicio, anulando los dos sobreseimientos.
En este contexto, se abre un panorama de incertidumbre en el declive político de Cristina Kirchner. Aunque los juicios orales probablemente tarden uno o dos años en comenzar, es probable que se desarrollen cuando ella ya no esté en el poder, sino en un estado de declive evidente.
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