El 1 de octubre marcará un hito significativo en Florida con la entrada en vigor de la HB-919, una ley que ha sido apodada como la «Declaración de Derechos de los Propietarios de Viviendas». El gobernador Ron DeSantis la refrendó el pasado mes de junio, y esta legislación tiene como objetivo abordar cuestiones críticas en las asociaciones de propietarios de viviendas, como los sobornos, las votaciones fraudulentas y los conflictos de intereses.
Una de las disposiciones clave de esta ley es la obligación de que todos los avisos de reuniones de juntas de propietarios de viviendas identifiquen claramente cada punto de la agenda de la reunión. Esta medida busca garantizar la transparencia y la claridad en la toma de decisiones dentro de estas asociaciones.
Además, la HB-919 regula el manejo de los fondos recaudados por los miembros de la asociación. Establece que estos fondos destinados a gastos específicos no pueden mezclarse con otros fondos de la asociación y que cualquier dinero no utilizado debe ser devuelto a los miembros dentro de los 30 días posteriores a la finalización del proyecto o la causa para la que se recaudaron.
El proyecto de ley también aborda cuestiones de integridad al imponer sanciones para aquellos directores o gerentes de asociaciones de propietarios que acepten sobornos. Del mismo modo, establece medidas para combatir las votaciones fraudulentas, las maniobras que impidan a los miembros ejercer su derecho al voto y las acciones de amenaza o soborno destinadas a influir en el resultado de las votaciones. Estas acciones se considerarán delitos menores en primer grado.
Una característica importante de la HB-919 es que prohíbe que las multas impuestas por las asociaciones de propietarios se conviertan en gravámenes contra la propiedad del propietario, lo que brinda una mayor protección a los propietarios contra posibles abusos.
A pesar de estos avances significativos, algunos críticos argumentan que la legislación podría ser aún más sólida en ciertos aspectos. En particular, señalan que los propietarios pueden encontrarse con dificultades económicas para hacer cumplir sus derechos si se enfrentan a disputas legales con las juntas de propietarios, y que algunas partes del texto legal podrían ser más específicas para evitar posibles lagunas que permitan prácticas irregulares.
En resumen, el 1 de octubre marcará un cambio importante en las dinámicas de las asociaciones de propietarios de viviendas en Florida, con la entrada en vigor de la HB-919, una ley diseñada para proteger los derechos y la transparencia en estas comunidades residenciales.
