La reciente propuesta legislativa, liderada por el senador republicano Blaise Ingoglia, tiene como objetivo modificar las normas del voto por correo en Florida. Esta incluye la introducción de criterios más estrictos para la elegibilidad y la prohibición de ciertos sistemas electorales.
Bajo el nombre de SB 1752, esta propuesta se inspira en la ley SB 90 de 2021, que ya había implementado restricciones en la utilización de buzones para boletas y aumentado la verificación de firmas en votaciones. Adicionalmente, la SB 1752 estipula que ciertas circunscripciones realicen recuentos manuales antes de la certificación oficial de algunos tipos de elecciones.
Detalles del Proyecto de Ley
Según el texto del proyecto, los residentes de Florida solo podrán solicitar boletas de voto por correo bajo condiciones específicas: estar fuera del condado, padecer una enfermedad o discapacidad, residir en una instalación médica del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE.UU., o estar encarcelados pero aún elegibles para votar.
La propuesta también establece la prohibición del uso de sistemas electorales que incluyan componentes de propiedad o controlados por extranjeros, o por personas no ciudadanas de los Estados Unidos.
Además, el proyecto exige que el Departamento de Estado de Florida publique en su sitio web ciertos datos, como el número de boletas de voto por correo solicitadas, enviadas, devueltas, rechazadas y corregidas.
La ley también ordena que una Junta de Escrutinio condal realice recuentos manuales en casos donde el margen de victoria sea inferior al 0.25% en elecciones clave, incluyendo presidenciales, de gobernador y senatoriales.
Contexto del Voto por Correo
En las elecciones generales de 2020, el 44% de los votantes de Florida, aproximadamente 4.6 millones, optaron por el voto por correo. Esta modalidad fue también elegida por más de 1.1 millones de votantes en las elecciones de 2022.
Aunque líderes republicanos como Ingoglia defienden estas medidas como necesarias para prevenir fraudes electorales y mantener la confianza en el sistema, críticos demócratas y organizaciones civiles argumentan que estas restricciones equivalen a una supresión del voto, afectando desproporcionadamente a minorías, ancianos y personas con discapacidades, grupos que frecuentemente recurren al voto por correo.
