Ley de expulsión de delincuentes extranjeros. Jorge Macri aboga por la reinstalación de un decreto del año 2017 que permitía la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometieran delitos. El jefe de Gobierno porteño se pronunció sobre un incidente delictivo en el cual estuvieron involucrados dos ciudadanos chilenos y uno colombiano. Hace un llamado a aplicar esta regulación con el objetivo de prevenir que la Ciudad se convierta en un lugar propicio para la comisión de delitos.
El mandatario porteño, Jorge Macri, solicita la restitución de un decreto emitido en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, que facultaba la extradición de extranjeros sin ciudadanía involucrados en actividades delictivas.
En sus redes sociales, Macri expresó: «Es necesario expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos», haciendo referencia a un acto delictivo en la Ciudad de Buenos Aires. Detalla que la noche anterior, la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes extranjeros que intentaban robar en un establecimiento de electrodomésticos en el barrio de Balvanera, ninguno de los cuales poseía ciudadanía argentina.
Ante esta situación, Macri insiste en la necesidad de reinstaurar la normativa que modificó la Ley de Migraciones en 2017 para agilizar la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que eligen el país para delinquir, y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. «La Ciudad no debe ser un lugar donde se vengan a cometer delitos», concluyó el mensaje.
Cabe destacar que el Decreto 70, firmado por Mauricio Macri, modificó la Ley de Migraciones, argumentando que cada Estado tiene el derecho soberano de decidir los criterios de admisión y expulsión de no nacionales. Se estableció un «procedimiento migratorio especial sumarísimo» para agilizar la expulsión de delincuentes extranjeros.
En aquel momento, se argumentó sobre la duración de los procesos administrativos y judiciales, así como el aumento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario. También se prohibió la entrada a personas con documentación falsa, antecedentes penales, condenas, o implicadas en delitos específicos, como terrorismo o crímenes de guerra.
Sin embargo, este decreto fue derogado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, argumentando que violaba principios constitucionales y derechos humanos, sin mostrar mejoras sustanciales y generando un aumento significativo en la litigiosidad en materia migratoria.
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