Post Paro: Después del paro, el Gobierno intensificará su confrontación con la CGT y persistirá en la necesidad de llevar a cabo reformas. En la Casa Rosada, afirman que la central obrera se ha convertido en un «enemigo útil» para respaldar la narrativa oficialista de las «dos Argentinas». Reforzarán la idea de la aprobación de la Ley Ómnibus y el mantenimiento del DNU.
El Presidente Javier Milei observó el desarrollo del paro general de la CGT desde la Quinta de Olivos, junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
A pesar de la presión política y las pérdidas económicas, en el Gobierno perciben la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo (CGT) como una oportunidad. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que, con una huelga a menos de 50 días de haber asumido, la CGT se convierte en un enemigo «útil» que les permite alimentar su narrativa de las «dos Argentinas».
«Es un paro político destinado a dañar y derrocar al Gobierno. Esto demuestra que hay dos Argentinas: una que avanza y construye, y otra que retrocede y destruye», afirman en el entorno de Javier Milei. Aseguran que la medida de fuerza contribuye a construir la figura de un «enemigo» -referente a los gremios y el kirchnerismo- y sirve para insistir con las reformas propuestas por el oficialismo en la Ley Ómnibus y el DNU.
En la Casa Rosada acusan a los dirigentes sindicales que rechazan las reformas de intentar «mantener sus privilegios» y advierten que la medida de este miércoles genera pérdidas millonarias para el país, estimadas en unos US$1500 millones. Plantean la idea de que la central obrera también forma parte de la «casta».
Después del paro, el Gobierno profundizará su disputa con la CGT e insistirá en la necesidad de reformas. No obstante, en la Casa Rosada insisten en que la movilización de la CGT corresponde a un «grupo minoritario», y que la gran mayoría de los trabajadores decidió acudir a sus puestos de trabajo. En el oficialismo respaldan la teoría de que el paro general permitirá a los argentinos identificar qué sectores buscan «poner palos en la rueda», y en el entorno presidencial se sugiere que el propio Milei había alentado a sus ministros a confrontar a los líderes sindicales antes de la huelga.
En este contexto, en el Gobierno están elaborando su propio relevamiento de acatamiento al paro para contrastar con las cifras que comunique la CGT. Buscarán deslegitimar de esta manera una medida de fuerza que la Casa Rosada considera desproporcionada.
Los libertarios sostienen que durante la gestión de Alberto Fernández, los trabajadores «se cansaron de perder poder adquisitivo» y que en ese período no hubo ninguna medida de la CGT. «No nos dejan trabajar, no llevamos ni dos meses y ya paran», afirman.
En los planes del oficialismo también está llevar a cabo un relevamiento propio a nivel estatal para determinar cuántos empleados públicos se sumaron a la huelga. A esos trabajadores, según adelantó el vocero Manuel Adorni, les descontarán el día.
En la tarde del Miércoles, Milei se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar los resultados del protocolo antipiquetes. Por la mañana, el vocero presidencial había dicho que trabajaban para que fuera «un día normal». «Hay un protocolo vigente que se cumplirá como corresponde, garantizando la libre circulación con los controles pertinentes y asegurando que las calles no se corten», especificó.
Hasta el momento, los canales de diálogo entre el Gobierno y el sindicalismo se han interrumpido, a pesar de que este medio pudo saber que el ministro del Interior, Guillermo Francos, dialoga habitualmente con líderes sindicales.
LA
