El Gobierno reduciría custodios como parte de su plan para reducir los gastos estatales, tiene la intención de ajustar las normativas relacionadas con la seguridad de los ex Presidentes, tras una revisión de la asignación de recursos y personal para esta tarea. La responsabilidad de llevar a cabo esta medida recae en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien regresó a Argentina este Martes después de formar parte de la gira oficial de su hermano por Israel, Italia y El Vaticano.
La decisión se basa en la detección de situaciones que la funcionaria considera excesivas, como el caso de Cristina Kirchner, quien actualmente cuenta con alrededor de 120 agentes de la Policía Federal dedicados a su seguridad y la de su familia, especialmente a su hija y nieta. Este dispositivo especial se implementó después del intento de magnicidio del 1° de Septiembre de 2022.
Otro aspecto que llamó la atención fue el despliegue necesario para la custodia de Alberto Fernández, quien, tras dejar el cargo, se estableció en España. Casa Militar, encargada de la seguridad de los mandatarios en ejercicio y fuera de ellos, debe coordinar y enviar agentes a ese país.
Se ha identificado que, actualmente, un miembro de la Policía Federal Argentina viaja semanalmente a Madrid para permanecer en el departamento alquilado por el ex Presidente y acompañarlo en sus actividades diarias. Esta rotación de personal implica considerables gastos en pasajes y viáticos, sumando un total de 12 efectivos disponibles para esta tarea.
En este contexto, se ha considerado la posibilidad de avanzar en un acuerdo de reciprocidad con las autoridades españolas para que la Policía local se encargue de la seguridad del ex mandatario argentino. Sin embargo, hasta el momento, no se han iniciado gestiones con las autoridades del gobierno socialista de Pedro Sánchez para concretar dicho acuerdo.
Según la información proveniente de fuentes oficiales, se estima que el equipo completo de agentes de seguridad asignados a Mauricio Macri ronda los 30 miembros. Este personal está dedicado exclusivamente a cumplir con sus responsabilidades las 24 horas del día, los 365 días del año, incluso cuando el líder del PRO se encuentra en el extranjero.
Infobae ha obtenido información de fuentes oficiales que indica que se buscará implementar una regulación más rigurosa de los protocolos para determinar la cantidad de personal, tanto mínimo como máximo, que puede ser asignado a la custodia de los jefes de Estado.
«El objetivo no es eliminar la custodia ni dejar desprotegido a ningún presidente, pero tampoco mantener este régimen en tiempos de crisis, especialmente cuando se está planteando la falta de recursos financieros y se está solicitando un esfuerzo significativo a la sociedad para superar estos momentos difíciles», explicaron las fuentes oficiales a Infobae.
En relación con el decreto polémico, a finales de diciembre pasado, surgió controversia después de que Alberto Fernández firmara un decreto antes de dejar el cargo, para que el Estado cubriera permanentemente los costos de su custodia y la de su familia, incluso cuando estuviera fuera del país. Esta medida fue fuertemente criticada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Después de diversas discusiones, finalmente se confirmó la normativa que introdujo cambios en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad del Presidente. Hasta ese momento, la Policía Federal Argentina (PFA) era la encargada de custodiar a los exmandatarios en el territorio nacional, en caso de necesitar protección especial o realizar viajes específicos.
A partir de ese decreto, la prerrogativa se amplió a quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la Vicepresidencia, permitiéndoles disfrutar de este beneficio tanto dentro como fuera del país, sin un límite de tiempo para su aplicación.
Con las firmas de Fernández y el entonces jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la medida alteró los objetivos de Casa Militar al modificar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado pocos días después de iniciar su gestión. La redacción de la norma incorporó como misión la seguridad de los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya han concluido sus mandatos. El texto expresa: “Garantizar la seguridad del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos, así como también de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia temporal del Presidente de la Nación y su familia”.
Además, se realizaron modificaciones en los artículos 14 y 15 del decreto 648/2004, aprobado durante la presidencia de Néstor Kirchner. La normativa establece: “Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia, recibiendo las órdenes para su empleo y actuando de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen al personal de la PFA”.
En respuesta a una consulta de Infobae, desde el Gobierno se insistió en que en ningún caso se contempla la idea de eliminar las custodias presidenciales. Milei es un dirigente que presta especial atención a su seguridad personal y se ha comprometido a mantener la dotación óptima y al responsable que lidera ese equipo desde hace años. De hecho, se ha informado que ambos discutieron brevemente este tema durante el traspaso de mando.
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