El Gobierno deroga normativas de género. El Gobierno derogó las resoluciones que establecían la obligatoriedad de cumplir con la paridad de género en empresas y asociaciones. Estas normativas exigían igualdad en la representación de hombres y mujeres en los órganos constitutivos, incluyendo tanto puestos administrativos como de fiscalización, y se aplicaban también a sociedades del Estado y sociedades anónimas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) derogó cuatro resoluciones que imponían a asociaciones civiles, fundaciones y sociedades anónimas el cumplimiento del cupo femenino en los puestos de dirección y control. Estas resoluciones, en vigor desde el año 2020 durante la administración de Alberto Fernández y el extitular de la IGJ Ricardo Nissen, fueron objeto de críticas por parte de diversas asociaciones y cámaras empresariales, que presentaron varios recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A cuatro meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, el actual inspector Daniel Roque Vitolo, con el respaldo del Ministerio de Justicia, resolvió la derogación de las Resoluciones Generales Nº 34/2020, Nº 35/2020, Nº 42/2020 y Nº 12/2021. Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial el día jueves.
La primera de estas resoluciones, la N°34/2020, establecía que las asociaciones civiles en proceso de constitución, así como las sociedades anónimas, fundaciones con consejo de administración y Sociedades del Estado, debían conformarse respetando la diversidad de género, con igual número de miembros femeninos y masculinos en sus órganos. En caso de un número impar de miembros, se requería una composición mixta con al menos un tercio de miembros femeninos.
La resolución Nº 35/2020, también derogada, modificaba tres artículos para que la normativa del cupo femenino entrara en vigencia con una prórroga de 60 días después de su emisión, considerando la situación de la pandemia por coronavirus y para no interferir con el distanciamiento social.
Además, se derogó la resolución Nº 42/2020, vinculada a las anteriores, que eximía a iglesias, entidades religiosas y asociaciones de culto de modificar su estructura y reglamentos internos conforme a los principios constitutivos.
Estas medidas habían sido impulsadas por el gobierno anterior con el objetivo de alcanzar la paridad de género. Sin embargo, tras varias apelaciones por parte de la Fundación Apolo Bases para el Cambio y la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires, el Ejecutivo actual decidió derogarlas.
En 2021, la Fundación había presentado un recurso ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que fue avalado por el tribunal, declarando la resolución de la IGJ de entonces como «institucional». Nissen impugnó esta decisión, argumentando que la normativa estaba respaldada por la Constitución Nacional y tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres.
Por otro lado, la Cámara Empresaria de Transporte presentó un recurso de queja, argumentando que el gobierno estaba intentando imponer la misma cantidad de mujeres que de hombres de manera imperativa. Este recurso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no emitió un pronunciamiento al respecto, dejando la resolución firme hasta su derogación.
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