Milei redefine el Poder Judicial:. Milei transfirió del Congreso a manos del Ministerio de Justicia una atribución central del código procesal. El Gobierno oficializó un decreto destinado a impulsar el sistema acusatorio, actualmente vigente solo en Santa Fe y Jujuy. «La falta de progreso obstaculiza el desarrollo del sistema procesal, afectando gravemente la operatividad de la justicia federal», señala la disposición.
El gobierno de Javier Milei publicó este Lunes en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia con el objetivo de agilizar la reforma del Código Procesal Penal. En 2014 se promulgó el Código Procesal Acusatorio, que asigna la responsabilidad de investigar a los fiscales, reduciendo el papel de los jueces a supervisar las garantías en la tramitación de la causa, pero, hasta ahora, solo se implementa en Salta y Jujuy.
El decreto en cuestión retira a una Comisión Bicameral, creada para implementar el nuevo código, la facultad de establecer el cronograma para su ejecución. Esta responsabilidad pasa ahora al Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona.
A través de un comunicado, el Ministerio indicó: «El nuevo régimen procesal penal, establecido en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficiente, modernizando los procedimientos de persecución penal e incorporando nuevas herramientas para la investigación de fenómenos criminales como narcotráfico, corrupción y trata de personas, dentro de la jurisdicción de la justicia federal».
La Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en Salta y Jujuy en 2019, pero, según el Ministerio de Justicia, «tras ello, el proceso de implementación se detuvo y no experimentó avances adicionales». El DNU justifica: «La falta de progreso obstaculiza el desarrollo del sistema procesal y perjudica gravemente la operatividad de la justicia federal. Actualmente, coexisten el Código Procesal Penal Federal y el sistema anterior, lento, burocrático e ineficiente».
El decreto describe la coexistencia de dos sistemas procesales y critica la «duplicidad de legislaciones», que genera un trato desigual para las personas imputadas, especialmente en lo relacionado con su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin demoras indebidas.
En sus considerandos, el DNU apunta que esta situación «causa problemas operativos que afectan la conducción de las investigaciones y genera complicaciones en la fase de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, que se encarga de los recursos aplicando dos códigos diferentes».
«La falta de progreso mencionada impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de la acción penal. Además, la parálisis dificulta la formación de unidades fiscales y la designación de fiscales generales de distrito. Asimismo, la no implementación del sistema acusatorio frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal», resume el decreto.
Desde Justicia anuncian que la implementación del Código se coordinará con la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados. «Se hará el mayor esfuerzo para lograr un único sistema procesal federal en todo el país, con el objetivo de obtener un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno», concluyeron.
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