Los Moyano paralizaron la recolección de residuos debido al polémico contrato de acarreo en la ciudad, el cual finalmente fue anulado. Esta es la historia de las negociaciones entre el gobierno porteño, las empresas y el sindicato Camioneros, además del pedido gremial para que Clara Muzzio intervenga.
Los vecinos de Buenos Aires están enfrentando calles llenas de basura debido a un conflicto que va más allá de la recolección de residuos: el trabajo a reglamento del Sindicato de Camioneros refleja el descontento de los Moyano por la cancelación del contrato de acarreo en CABA, decidido recientemente por el gobierno de Jorge Macri. Este contrato, iniciado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, implicaba 360 millones de dólares y beneficiaba a tres empresas con el servicio de grúas en la ciudad durante una década.
La cancelación de esta licitación, calificada por Macri como “carísima” y “escandalosa”, desencadenó la protesta de los Moyano. Sin embargo, los 310 trabajadores de las grúas no están en riesgo laboral; desde septiembre de 2022, están empleados por SBASE, una entidad estatal porteña, bajo el mismo convenio de Camioneros y tras recibir indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos de las empresas Dakota y BRD.
«Camioneros nos reclama que adjudicamos porque claramente hay una connivencia entre el gremio y al menos una de las empresas en la preadjudicación, y por eso hicieron esta protesta para presionar», declaró una fuente del gobierno porteño a Infobae.
Hasta esta medida de fuerza, el gobierno porteño se enorgullecía de un 90% de cumplimiento en la recolección de residuos, alcanzando incluso un 95% el viernes pasado. Sin embargo, con el inicio del trabajo a reglamento el domingo, estos indicadores cayeron al 35%. Precisamente, el viernes se había celebrado una reunión en la que los funcionarios de la ciudad informaron a las tres empresas preadjudicadas y al sindicato sobre la anulación de la licitación.
Con las calles porteñas llenas de basura por la protesta, Jorge Macri declaró en Radio la Red: «No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, por lo cual si se hace mal, culpamos a las empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreos. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros: entonces no se entiende si defienden a las empresas porque dimos garantía de estabilidad a los trabajadores».
Un dato significativo es que esos trabajadores ya tenían estabilidad laboral, asegurada en las negociaciones recientes entre el gobierno porteño, las tres empresas preadjudicadas y los dirigentes de Camioneros.
Estas negociaciones, lideradas por el jefe de Gabinete de la ciudad, Néstor Grindetti, buscaban «encontrar un punto de encuentro para ver si se podía bajar el precio cotizado», según una fuente oficial. Ante la negativa de las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario, se decidió anular la preadjudicación y mantener las mismas condiciones laborales y sindicales para los 310 trabajadores del sector de grúas.
«Al sindicato le aseguramos que los trabajadores estarían mejor de lo que están hoy, pero no entendieron que no íbamos a adjudicar y por eso presionaron con las protestas de basura porque saben que eso irrita a la gente», subrayaron en el entorno de Jorge Macri, advirtiendo: «Si firmábamos, íbamos presos».
El diputado porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, elogió la decisión de Jorge Macri y denunció que Camioneros «dice reclamar por los puestos de trabajo, pero lo único que les importa es que no se caiga su negocio con las grúas». Añadió: «Empresas vinculadas al clan Moyano, como Ashira, recogen la basura a reglamento en CABA. Temen perder el negocio de las grúas, del que también forman parte. Los puestos de trabajo no están en juego, solo los curros».
«No bancaremos extorsiones de delincuentes», afirmó Del Gaiso, anunciando que presentará una denuncia penal por extorsión contra los dirigentes de Camioneros.
Tras anular la preadjudicación del contrato de acarreo, el gobierno porteño busca abrir una negociación con el sindicato, ofreciendo que los 310 trabajadores de las grúas sigan en SBASE o pasen a la órbita municipal, siempre bajo el convenio de Camioneros.
El sindicato solicitó específicamente que Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno con buena relación con los Moyano, participe en las negociaciones. Hasta ahora, las conversaciones entre Grindetti y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, han sido muy tensas. No es menor que Grindetti, presidente del Club Independiente, firmó en marzo de 2023 una denuncia penal contra Hugo Moyano por irregularidades durante su gestión en la institución.
La administración macrista planea crear una unidad operativa en la ciudad dependiente de la Dirección de Tránsito para organizar el sistema de acarreo, incorporando 10 nuevas grúas al servicio. «Nos tomaremos este semestre para analizar qué hacer», indicaron, sin descartar una nueva licitación en condiciones distintas, con un contrato más corto y menos costoso.
El macrismo sospecha de vínculos entre Camioneros y dos de las empresas preadjudicadas: UTE Ashira-Ecoba, «especialmente a través de la compañía Martin y Martin», y Transporte 9 de Julio. La tercera empresa, UTE SAEM-Tránsito Rosario, estaría influenciada por Horacio Miró, empresario cercano al peronismo cordobés y retirado hace años.
Además de estas sospechas, el gobierno porteño señala que la polémica preadjudicación fue otorgada el 7 de diciembre, un día antes de que Jorge Macri asumiera. «Se adjudicó de forma extraña en los últimos días de la gestión de Horacio (Rodríguez Larreta) y se cargó en el sistema un día después de asumir. Igual, la preadjudicación no es vinculante. Como estaba, era muy gravosa para la ciudad y ese servicio lo podemos prestar casi por la mitad de precio».
LA
