Al ingresar en los barrios populares, el coronavirus puso sobre la mesa la escondida realidad de hacinamiento y falta de políticas de Estado que marginan a los más de 4 mil asentamientos que hay en todo el país, en los que viven casi un millón de familias.
«Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)», establece la definición oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Próceres o santos, números, árboles, calles y formas geométricas son algunos de los elementos que le dan nombre a cada una de las lugares en los que la llegada del Estado todavía se hace esperar: villas, barrios populares, asentamientos o el nombre con el que se quiera designar a ese conjunto de casas precarias, amuchadas en terrenos tomados ya sea de privados o estatales.
Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) a los que accedió NA, en la Argentina hay 4.416 villas habitadas por 929.665 familias.
