Generalmente, abatidos por el miedo y la incertidumbre, las personas podemos tomar malas decisiones, ya que decidimos en base a emociones y no basándonos en la razón. Cuando este accionar sólo afecta a una persona, no implica mucho problema, ya que en eso consiste el concepto de responsabilidad de hecho. Pero cuando la decisión de una persona abatida por el miedo y el desconocimiento afecta a todo un país, son distintos los criterios y puntos de vista desde donde se analiza esto. Más aún cuando la figura casi monárquica cree tener la razón en todo momento.
En Argentina, por ejemplo, es sabido que el presidente Fernández elogió el protocolo de acción llevado a cabo por Noruega, comparándolo con Suecia, su país vecino que tomó un accionar distinto. Hace unos días, el gobierno de Noruega admitió que tomó decisiones “por miedo” y no volvería a una cuarentena si hay una segunda ola de coronavirus, ya que recuperarse de los efectos negativos que la cuarentena generó en la economía podría llevar bastante tiempo, obligando a personas a vivir bajo el umbral de pobreza.
No es necesario irnos muy lejos para ver países que pudieron controlar el contagio del coronavirus, sin destruir sus economías. Es más, Uruguay y Costa Rica están haciendo un trabajo excelente.
Obviamente, los medios masivos de comunicación prefieren instalar un mensaje demagógico que posicione el mensaje político de la izquierda sudamericana por sobre la realidad. Podemos verlo claramente que las notas se centran principalmente en atacar el accionar de Brasil o Estados Unidos, pero nunca se menciona que Uruguay y Costa Rica tienen tasas de mortalidad por COVID-19 entre las más bajas del mundo, similares a las de Nueva Zelanda y Corea del Sur.
La diferencia principal estuvo en la velocidad de acción por parte del estado. Mientras en Argentina el Ministro de Salud, Ginés González García, decía que no había posibilidades de que el virus llegara al país y el Presidente decía que se lo combatía bebiendo bebidas calientes, Lacalle Pou desde un primer momento se tomó con seriedad el asunto y promulgó el uso de barbijos y distanciamiento social.
La cuestión del distanciamiento social fue muy importante desde un principio, y Uruguay, específicamente, fomentó la “libertad responsable” por sobre el accionar duro del estado promoviendo una cuarentena horizontal sin discriminación de capacidad de contagio. Mientras Lacalle Pou proponía que cada ciudadano tomara bajo sí mismo la responsabilidad de cuidarse y cuidar al pueblo en general, Alberto Fernández declaró la emergencia sanitaria y anunció las primeras medidas de confinamiento obligatorio y cierre de fronteras.
Costa Rica tuvo y tiene un comportamiento excepcional bajo este contexto. Con sus políticas sanitarias de respetar las libertades individuales logró ser uno de los países de América Latina y del mundo con menos muertes registradas por COVID-19 y el que tiene la menor tasa de mortalidad de la región.
Desde el gobierno costarricense resumieron sus políticas en la siguiente frase: «Nuestra mejor vacuna contra el COVID-19 es tener una población disciplinada y educada, y un sistema de salud bastante consolidado». Al igual que Uruguay, hicieron parte de la solución al pueblo y no lo tildaron de culpable de los contagios
No es de extrañar que estos dos países tengan una de las menores proyecciones de caída económica a causa del coronavirus. Mientras que se estima que el PBI de Argentina podría llegar a -12% este año, el promedio entre Uruguay y Costa Rica ronda entre -1.8% y 3%.
Se puede hablar claramente de políticas económicas impulsadas para hacerle frente a los gastos públicos que la pandemia genera. Mientras que en Argentina se aumentan impuestos a bancos, se prohíben los despidos, se busca establecer impuestos a la riqueza y el sector público se aumentan sus sueldos, en Uruguay se hace completamente lo contrario, entendiendo que es el sector privado el encargado de generar trabajo, riqueza y mantener al sector público. Se ha declarado que no generarán un impuesto a las riquezas, no subirán impuestos al sector privado y bajarán gastos públicos para generar un fondo de recaudación que solvente los gastos propios de la pandemia. Contrariamente, por estos días nos enteramos de que el gobierno argentino le perdonó una multa de más de 800 millones al gremios de Camioneros. Ser un “ciudadano ejemplar” (como llamó Fernández a Moyano) tiene sus beneficios en la Argentina mafiosa.
El avance del kirchnerismo frente a la propiedad privada es indiscutible, la letra chica de los rescates financieros para las empresas ponen a los empresarios entre la espada y la pared. Vemos como Techint, por ejemplo, decidió devolver el dinero que recibió del Estado para pagar sueldos luego de la polémica por la difusión de nóminas salariales y hasta de proyectos sobre eventuales avances del Estado sobre participaciones accionarias. También usan estas ayudas a empresas para hacer persecuciones fascistas sobre empleados. Esto le ocurrió al economista Javier Milei cuando el oficialismo violó el secreto fiscal para decir que estaba cobrando un subsidio cuando, en realidad, lo había cobrado su empleador en el plan de ayudas a empresas. La mentira, repetida hasta el infinito, para perseguir opositores.
Para tapar sus falencias, el gobierno descalifica a los opositores y busca instalar una agenda de opinión pública de “discurso único” y el oficialismo se vuelve cada vez más autoritario. Esta semana hubo una declaración de un grupo de ciudadanos (yo fui uno de ellos) en la que se que se cuestionan avances sobre la institucionalidad. Se llamó “La democracia está en peligro” y se difundió mucho un neologismo que contenía: “infectadura”. La violenta reacción de los políticos, en las redes sociales, de organizaciones gremiales, como la CGT, y los medios oficialistas fue completamente desmedida y agresiva. No me preocupa principalmente ese hecho ya que el kirchnerismo es, en esencia, una organización violenta. Lo llamativo es el nivel de locura en el que caen cuando alguien se aleja un poco de la uniformidad autoritaria que quieren establecer. El documento no cuestionaba estrategias sanitarias. Se limitaba a consignar los avances sobre la institucionalidad (el Congreso con poca actividad, la Justicia de feria, el país manejado por decretos). Y se pronunciaba, entre otros temas, de los gravísimos casos de detención seguida de muerte de ciudadanos como Magalí Morales y Luis Espinoza. Además, se exhortaba al gobierno a recuperar el equilibrio y la división de poderes.
La reacción desmedida marca la vocación autoritaria del oficialismo y, al mismo tiempo, la debilidad y el miedo que le tienen a la opinión libre e independiente de los ciudadanos. La enorme recepción que tuvo la carta en amplios sectores de la sociedad puede servir para que sectores de la oposición vean cuáles son los temas que preocupan a una parte importante de la sociedad que quiere que se respete el estado de derecho, que el poder no tenga impunidad para matar, que la corrupción tenga castigo. Sirve,también, para ver que la gente está muy angustiada por su futuro económico.
La emergencia sanitaria no debe ser usada para llevarse la ley por delante. Los ciudadanos tienen, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia, como decía Karl Popper. Los límites al poder son imprescindibles.
