Desde hace unos años que hubo reiterados intentos de resolver el hacinamiento carcelario desde una perspectiva excluyentemente abolicionista, liberando presos. Por caso, en 2013, un proyecto de ley promovido por la Procuraduría Penitenciaria pretendía fijar un cupo en cada cárcel por encima del cual sería obligatorio acortar los plazos para liberaciones anticipadas.
En aquel proyecto se esbozaba claramente la concepción que asemeja la cárcel a la tortura, decreta la “inutilidad” del encierro y aplica el concepto de “víctima” de modo excluyente a la población penitenciaria.
En tanto, en Abril pasado, la pandemia de coronavirus ayudó a la excarcelación anticipada de presos condenados o la concesión masiva de detenciones domiciliarias por parte de los abolicionistas que una vez más se excusaron en el hacinamiento y se refirieron a los que nunca se ocuparon de construir cárceles nuevas que reúnan los requisitos humanitarios que dicen defender.
En ambas ocasiones, 2013 y 2020 se reflejó la indignación de una ciudadanía que padece a diario el flagelo de la violencia delictiva impidiendo la fiebre libertaria de los funcionarios.
En la última semana de Agosto pasado hubo un nuevo intento, más astuto y grosero en el Senado bonaerense, cuando esa cámara se disponía a debatir la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017. Esta Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.
Sin embargo el kirchnerista Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial aunque domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General, que preside el senador Francisco Durañona. Durante el debate, expusieron familiares de víctimas, representantes de asociaciones civiles, miembros del Poder Ejecutivo y Judicial y juristas.
.En la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía.
Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, el senador radical Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto” …“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires” dijo Blanco
En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios. Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, que habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia, y que calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”. Estaba aludiendo al ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, impulsor de estas modificaciones al Código destinadas a obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.
“Notable propósito del oficialismo -señaló Mayer-, en una provincia en la que la ola de delincuencia constituye la principal preocupación, y notable burla a la gente que salió meses atrás a los balcones para repudiar la excarcelación de presos con la excusa del COVID”.
Después de la requisitoria del representante de Usina de Justicia contra el despacho de minoría, el kirchnerismo desertó la reunión. “La gente no quiere a los condenados en sus casas o libres por la calle. La Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad y la triste huida de los senadores kirchneristas al momento de votarla es un síntoma alarmante del estado de la clase política”, afirmó Mayer.
Sin embargo, para las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada. La sesión para la votación del proyecto tendrá lugar el 10 de Septiembre. (Infobae)
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