![ESCANDALO ELECTORAL](https://i0.wp.com/www.semanarioargentino.miami/wp-content/uploads/2023/07/ESCANDALO-ELECTORAL-scaled.jpg?resize=678%2C380&ssl=1)
Escándalo electoral:. El Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires eliminó a 217 aspirantes a precandidatos que se habían registrado para competir en múltiples cargos de manera simultánea en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Tras un análisis detallado de las casi 40.000 precandidaturas presentadas y oficializadas por la Junta Electoral del distrito, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, descubrió que diversas agrupaciones incluían personas que figuraban como aspirantes en categorías tanto a nivel nacional, provincial y municipal al mismo tiempo. Además, se encontraron casos de precandidatos que aparecían en diferentes listas internas del mismo partido e incluso en agrupaciones distintas.
Luego de recibir una notificación por parte de la Justicia, estos 217 precandidatos decidieron retirar su participación en las PASO para ajustarse a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.
El Juzgado requirió a estas agrupaciones, entre ellas «Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad», «Frente Patriota Federal», «Confianza Pública», «Todos por Buenos Aires», «Buenos Aires Primero», «Hacemos por nuestro país», «Proyecto Joven», «Construyendo Porvenir» y «Justicia y Dignidad Patriótica», regularizar sus listas en un plazo de 12 horas.
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También se vieron involucrados partidos como «Partido Unidad Social», «Movimiento de Avanzada Socialista», «Política Obrera», «Movimiento de Organización Democrática», «Vocación Social» y «Política Abierta para la Integridad Social».
El Juzgado basó su decisión en el artículo 22 de la ley nacional 26.571 y el artículo 3 de la ley provincial 14.086, que establecen claramente que «los precandidatos solo pueden presentarse en las elecciones primarias para una sola agrupación política y una única categoría de cargos electivos».
Además, el Juzgado solicitó la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para verificar la trazabilidad y transparencia en el uso de los fondos públicos y las contrataciones de las imprentas, recolectando información sobre el proceso de impresión de las boletas, desde la importación del papel hasta su entrega.
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