El «ChocolateGate. El escándalo derivado de la anulación del caso contra Julio Segundo «Chocolate» Rigau, oculta un complejo entramado de acuerdos y empleados «inexistentes» de la Asamblea Legislativa bonaerense que altruistamente destinan parte de sus sueldos.
Julio «Chocolate» Rigau fue puesto en libertad de manera extraordinariamente rápida. Dieciséis testigos afirmaron que hacían contribuciones a un comedor en el que colaboraba con una parte de sus ingresos.
El hombre sin hogar que pernoctaba dentro de la sucursal del Banco Provincia en la calle 7 y 54 de La Plata jamás imaginó que las extrañas operaciones que denunció a un oficial del lugar desembocarían en un escándalo de gran magnitud que involucra a una gran cantidad de políticos en la provincia más densamente poblada de Argentina. Julio Segundo «Chocolate» Rigau tenía en su posesión 49 tarjetas de débito cuando se encontraba frente a un cajero automático y había retirado un millón de pesos.
«Chocolate» fue arrestado en el acto bajo cargos de «malversación de fondos públicos». Manejaba 27 millones de pesos al mes, es decir, 350 millones de pesos al año. Recibía el salario de 50 asesores de la Asamblea Legislativa bonaerense, pertenecientes a diferentes partidos políticos. Aunque Rigau se desempeñaba como electricista, según fuentes de la legislatura provincial, «nunca lo vimos cambiar una bombilla». En el barrio La Granja, Rigau mantenía un comedor comunitario que recibía un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social y tenía su propia casa. A pesar de su modesta apariencia exterior, en su hogar, «Chocolate» había remodelado la propiedad y construido un nuevo quincho con una parrilla.
En La Plata, «Chocolate» está vinculado a la política peronista, ya que se rumorea que su padrino político es el concejal Facundo Albini, hijo de Claudio Albini, ex Director de Personal de la Asamblea Legislativa bonaerense. Rigau logró su excarcelación de manera sorprendentemente rápida gracias a la defensa proporcionada por el prestigioso bufete legal Gascón Cotti, el más destacado de la ciudad. Los abogados defensores de «Chocolate» lograron que el caso se cerrara de manera abrupta gracias al fallo de los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III, un fallo que no fue respaldado por Fernando Mateos.
Durante el breve período en que la justicia investigó a «Chocolate», dieciséis testigos que comparecieron en el caso coincidieron en afirmar que donaban sus salarios de la Asamblea Legislativa a Rigau en virtud de su trabajo altruista en el mantenimiento de la Copa de Leche en el barrio La Granja.
En el momento de su detención, Rigau tenía en su posesión 48 tarjetas de débito pertenecientes a otros empleados de la legislatura, además de su propia tarjeta personal.
La solidaridad no se limita únicamente a los titulares de las tarjetas de débito en posesión del electricista «Chocolate». Según la información proporcionada por Carlos Pagni, también se sugiere que el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, estaría dispuesto a otorgarle a su ex pareja más de 20 millones de dólares como parte de un acuerdo de separación pacífica.
Para los jueces que absolvieron a «Chocolate», el electricista debía ser puesto en libertad debido a que su privacidad fue violada al ser registrado basándose en un «simple estereotipo». En otras palabras, según la justicia de la provincia de Buenos Aires, no debía ser registrado solo porque tenía piel oscura, incluso si estaba cometiendo un delito flagrante. Estos mismos jueces habían absuelto previamente a Daniel Osvaldo Scioli en una causa por lavado de activos tras una denuncia de Elisa Carrió, y no expresaron objeciones cuando el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ordenó registros de antecedentes a los pasajeros de autobuses en el conurbano bonaerense.
Detrás de «Chocolate» se encuentra un lucrativo negocio vinculado a la política en la provincia de Buenos Aires, en el que los legisladores contratan a numerosos asesores que no desempeñan funciones reales. Estos empleados fantasma aceptan donar sus salarios a cambio de asegurarse beneficios jubilatorios y cobertura médica. Sus sueldos ascienden a $600.000. Antes del inesperado fallo de los jueces de la Sala III, el sistema judicial planeaba citar a declarar a Carlos «Cuto» Moreno, mano derecha de Máximo Kirchner, y a Federico Otermín.
Hasta el momento, el escándalo ha sido encubierto y Rigau no ha hecho ninguna revelación. Ningún legislador provincial ha hecho declaraciones al respecto. Existe un acuerdo de silencio en juego. Chocolate por las noticias.
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