Corrupción en la Legislatura bonaerense: actualmente se lleva a cabo una investigación sobre una senadora por supuestos contratos con «retorno» La senadora Flavia Delmonte y dos colaboradores están siendo investigados por presunta defraudación a la administración pública. Las autoridades judiciales sospechan que designaban personas en el Senado a cambio de un «retorno» de sus salarios. Una testigo denunció este entramado y habló en el programa Somos Buenos.
La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos del departamento judicial de Dolores está investigando a una senadora provincial, a dos de sus asesores y a varios contratados del Senado bonaerense por presunta defraudación a la administración pública. En este contexto, el juez de Garantías de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, ha solicitado a la Cámara Alta provincial que avance con el proceso de desafuero de Flavia Delmonte, según lo solicitado por el fiscal del caso, Mario Rafael Pérez, como se reveló en el programa Somos Buenos/TN.
Flavia Delmonte, natural de Mar de Ajó, es senadora por la quinta sección electoral y forma parte del bloque UCR-Cambio Federal en la cámara alta. La fiscalía de Dolores la investiga por un presunto esquema ilegal de contrataciones con fondos de la Legislatura que guarda similitudes con el «caso Chocolate», pero esta vez con contratados que residen en ciudades de la costa atlántica y que aparentemente recibieron parte de los sueldos liquidados en su nombre.
Al menos eso se desprende del caso testigo que originó esta causa judicial. A diferencia de la banda de Chocolate Rigau, que fue descubierta porque un hombre sin hogar presenció la rutina extractiva del recaudador en cajeros del centro platense, y en contraste con la dupla de los segundos «chocolates», Hugo Muguerza y Josefina Ortellado, descubiertos mientras se analizaban filmaciones del Banco Provincia donde interactuaban con Julio Rigau, la trama de la Costa comenzó con la presentación espontánea de una mujer contratada.
La denunciante, Yanina Tamara Arce, es una residente de Mar de Ajó que denunció esta situación en 2021 y concedió una entrevista anoche en Somos Buenos. «Me propuso trabajar con ella en el local del centro vecinal de Villa Clelia, donde yo vivo, en el partido de la Costa. Yo estaba atravesando una enfermedad, me ofreció trabajo, me registró en el Senado, proporcionándome la obra social [IOMA] y los aportes jubilatorios», relató Arce en referencia a la senadora Delmonte.
«Necesitaba la obra social, acepté y firmé contrato en La Plata», dijo la denunciante, quien quedó incorporada a la plantilla temporal del Senado. La condición era que de su salario, que en 2019 era de $31,000, solo le corresponderían $10,000.
Ese dinero «siempre se lo entregué a Razinoff», afirmó Arce, refiriéndose a Kevin Alan Razinoff, un asesor de la senadora que actualmente está imputado. También es originario de Mar de Ajó y en el Senado se desempeña como relator de la comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo.
En el centro vecinal, existía una contraprestación real. «La gente se acercaba buscando ayuda, obviamente por votos, ya que teníamos que recopilar todos los datos. Nos pidieron que solicitáramos documentos para afiliación», dijo la denunciante, aunque aclaró que ella no salía a militar en la calle.
Tiempo después, su salud empeoró, tuvo que ser hospitalizada y dejar de trabajar. Según su testimonio, a partir de ese momento la senadora le pidió que devolviera su tarjeta de débito, y aunque ella solicitó darla de baja, esto último no sucedió.
«Ella viene a mi casa y me pide la tarjeta de cobro; es decir, ya no le servía. Entrego la tarjeta, y ella aumenta su sueldo de manera significativa, cobrando hasta aproximadamente abril de 2020, justo en plena pandemia», contó Arce a TN. «Mi hijo quería solicitar el IFE, pero le decían que no podía hacerlo debido al sueldo que yo tenía», agregó.
Arce relata que, a pesar de la importancia crucial de sus recibos de sueldo para trámites relacionados con situaciones de salud delicadas, le bloquearon el acceso a los mismos, mientras continuaban depositando dinero en la cuenta a su nombre. En un momento determinado, tras numerosas tensiones por los recibos, la senadora «se comunicó telefónicamente, preguntándome con qué derecho me creía para hacer semejante cosa, quién creía que era yo para ir a buscar mi recibo al Senado. Me hizo despedir como un perro», detalló la mujer a TN.
Arce también reveló que le bloquearon el acceso a sus recibos de sueldo. (Foto: Captura TN) Arce también reveló que le bloquearon el acceso a sus recibos de sueldo. (Foto: Captura TN) Según la denuncia que dio origen a esta causa, con su cuenta bancaria se realizaron extracciones y transferencias, e incluso se solicitó un préstamo. También se menciona la existencia de un usuario de homebanking para la cuenta de Arce, gestionado por terceros. El usuario llevaba el nombre «Flavia Delmonte 2015». Esta información proviene de la denuncia original, donde Arce relata los trámites realizados para salir de este circuito y también para efectuar algunas extracciones con el saldo restante en la cuenta, destinadas a la compra de medicamentos.
Respecto al desarrollo de la causa, en una resolución fechada el 16 de febrero pasado, el fiscal Mario Rafael Pérez consideró que existen elementos suficientes para afirmar que, al menos entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, Flavia Delmonte, junto con Kevin Razimoff y un empleado de Diputados, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, habrían designado personas en el Senado a cambio de que estas renunciaran a parte de sus salarios. Esto habría generado un «indebido beneficio patrimonial» para los acusados, con perjuicio para la administración pública.
El abogado de la senadora apeló la resolución del juez referente al desafuero. Marcelo Di Leo, al ser consultado por TN, afirmó que su defendida «ha estado a derecho desde el momento en que tuvo conocimiento de la denuncia, hace más de dos años».
Razimoff y Torrijo Fuertes estaban citados a indagatoria esta semana, pero su defensa solicitó la postergación de las audiencias, argumentando que estarían ausentes del país durante algunos días y que desean analizar las pruebas.
Razimoff aclaró: «No hay ningún ñoqui en esta causa, somos todos trabajadores, y no tiene nada que ver con el tema de Chocolate». Respecto a las presuntas designaciones con «retornos», explicó: «Somos compañeros de trabajo y en ese contexto, hay varias justificaciones. Con algunos comparto un camino de militancia desde chicos y con otros, actividad profesional, más allá de lo que hacíamos en la cámara. No hay retornos, de hecho, los montos son sumamente bajos. Todavía no tuve la oportunidad de explicarle todo al fiscal, es una maniobra burda para ensuciar y desprestigiar. De hecho, ni siquiera mencionan mi actividad profesional ni comercial por fuera de mi trabajo en el Senado».
Se está investigando también el papel de otros contratados, incluida una concejal de Mar del Plata que habría sido contratada en el Senado simultáneamente y habría realizado transferencias a Razimoff. Se están examinando transferencias cruzadas, gastos y compras de dólares, entre otros aspectos.
Yanina Arce no fue imputada. El fiscal valoró que haya sido ella quien informó a la fiscalía sobre la maniobra que actualmente se está investigando. También tuvo en cuenta que realizaba un trabajo en Mar de Ajó y consideró su situación de salud.
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