La percepción de falta de seguridad jurídica, la exposición financiera por haber blanqueado, el proyecto de impuesto a la riqueza, el efecto Vicentin y la ley de alquileres fueron la combinación perfecta para que aumentaran las consultas de argentinos que analizan irse a vivir a Uruguay. Terminan de completar el combo las ventajas impositivas que encuentra un sector de alto poder adquisitivo en el país vecino.
Las averiguaciones llegaron a inmobiliarias, estudios contables, bufetes de abogados y hasta a colegios de Uruguay. Algunos comienzan a consultar no con la decisión definitiva de instalarse sino como una forma de sondear la posibilidad: abrir el paraguas ante una futura mudanza.
En muchos casos buscan mejorar las rentas que obtienen en la Argentina. «Se incrementaron las consultas de argentinos que poseen una parte importante de su patrimonio afuera y que averiguan sobre la posibilidad de cambiar de residencia por la presión fiscal y la última reforma tributaria», comenta César Litvin, socio y CEO del estudio Lisicki Litvin y Asociados. La principal preocupación pasa por la ley de solidaridad social impulsada por el Gobierno, que elevó de 0,25% a 2,25% la alícuota máxima de gravamen sobre los bienes en el exterior abarcados por el impuesto de bienes personales.
Inversión y mudanza
Gustavo Pereira, director de la inmobiliaria Amarras y residente de Punta del Este, tuvo días agitados fuera de temporada. Durante el encierro a causa del coronavirus, arrancaba el zoom a las 10 de la mañana y lo cerraba a las 19 hs. ¿Tema? Los argentinos que quieren invertir y mudarse al Uruguay.
«Las consultas se empezaron a acelerar desde las PASO, más que nada para la compra de inmuebles. Durante el verano se hicieron charlas que resultaron multitudinarias en hoteles y en la municipalidad de Maldonado. Pero a partir de la cuarentena, que la gente tenía tiempo, empezamos a recibir muchas consultas de residencia fiscal. Todo esto surge porque el presidente [de Uruguay] Luis Lacalle Pou dijo que quería atraer 100.000 extranjeros de buen poder adquisitivo para mover al país», cuenta.
En los últimos 15 días registró un incremento de consultas por parte de pymes y cita apenas algunas de las que recuerda que lo contactaron el día anterior: una cadena de farmacias, una hormigonera y una empresa de ambulancias.
«Desde Diciembre aumentaron un 70% las consultas de argentinos tanto para invertir como para mudar su residencia fiscal, pero desde la expropiación de Vicentin subieron un 20% más», agrega Teófilo Banchero, presidente de la desarrolladora Banchero Real Estate. Tranquilidad, estabilidad y seguridad jurídica son los principales motores que impulsan a quienes planean emigrar.
El presidente de Uruguay firmó el 11 de Junio el decreto que apunta a flexibilizar varios aspectos para obtener la residencia fiscal, el monto del valor de inversión en propiedades -que era de 1,7 millones- disminuyó a US$380.000 y el tiempo de residencia requerido bajó de 180 días a 60. En el caso de tener una empresa, antes había que hacer una inversión de US$5,3 millones y ahora es US$ 1,6 millones, con la condición de garantizar 15 empleos.
«Desde el decreto, las consultas aumentaron aún más. Lo inédito es la cantidad de permutas que nos ofrecen por propiedades en la Argentina. Desde un barco a una casa en San Fernando. No me había pasado en la crisis de 1989 ni en 2002. Y ofrecen permuta porque allá no hay operaciones de compra venta, y la gente tiene el valor pre-Covid, pero no hay precio cierto hoy», cuenta Juan Carlos Sorhobigarat, fundador y presidente de Terramar, quien además participó en la elaboración de las ideas presentadas al presidente para el decreto. (primera parte)
Por Lucila Marti Garro y Carla Quiroga
