Fraude en pólizas de jubilados. González indaga sobre el papel desempeñado por D’Angelo (actual concejal de Unión por la Patria en Quilmes) para determinar si «contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios innecesarios y abonando comisiones en detrimento del erario público». También fueron imputados Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA y el responsable de TG Broker S.A.
Fernández y Pagliano ya enfrentan una imputación en otra causa impulsada por el fiscal González y supervisada por el juez Julián Ercolini. En una línea similar, el lunes por la noche se llevaron a cabo allanamientos en la residencia del corredor Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien fue secretaria del expresidente durante tres décadas.
Según informó Clarín, la División de Delitos Federales de PFA también registró las viviendas de Alberto Pagliano y del intermediario Pablo Torres García, ambos imputados por el delito de administración fraudulenta, al igual que Martínez Sosa.
Esta segunda imputación se centra, al igual que la anterior, en la contratación de seguros vinculados a los créditos otorgados a partir de 2021, señalados por Osvaldo Giordano, quien estuvo brevemente al frente de la ANSES durante la gestión de Milei. La suma total de créditos y contratos de seguros por parte del Estado se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos.
En este contexto, el fiscal González ha solicitado la presencia de Giordano como testigo y un informe sobre el perjuicio causado al Estado por esta operación.
Días atrás, Alberto Fernández también fue imputado por la presunta contratación irregular de seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado. La denuncia incluye a Pablo Torres García, quien habría cobrado comisiones significativamente mayores que las del mercado, y a Héctor Martínez Sosa, casado con la exsecretaria del expresidente, María Cantero.
La denuncia se originó en una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que identificó irregularidades en el organismo público relacionadas con intermediaciones en seguros durante el mandato de Fernández. La normativa, revocada por el Gobierno, establecía que los organismos estatales debían gestionar sus pólizas a través de Nación Seguros, permitiendo la intervención de corredores privados que percibían comisiones.ChatGPT puede cometer errores. Considere la verificación de informació
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